- Morenistas de Chalco defraudan principios de López Obrador y Claudia Sheinbaum
Por Redacción
Chalco, Estado de México, 29 de mayo de 2024.- El posible tráfico de influencias le ha dejado ganancias por muchos millones de pesos al exdirector de gobierno del Ayuntamiento de Chalco, José Gerardo Hernández Carmona. Junto con sus hermanos, es uno de los principales proveedores del Ayuntamiento en obras, construcción, mantenimiento de pozos y hasta en la renta de patrullas para seguridad pública, todo bajo el amparo del alcalde con licencia Miguel Gutiérrez, quien ahora lo tiene como candidato a síndico.
Con esta y varias imposiciones de candidatos, sobre todo de la aspirante a la presidencia municipal, Abigail Sánchez Martínez, pretende Miguel Gutiérrez, además de ser diputado local, seguir manteniendo el control político y los negocios con proveedores del Ayuntamiento.
¿Qué intereses mueven al candidato a diputado para colocar a este personaje como candidato o cuánto dinero aporta para la campaña a cambio de dicha posición?
Lo cierto es que José Gerardo Hernández Carmona ha hecho negocios millonarios como uno de los principales proveedores del Ayuntamiento, por lo que las autoridades deben investigar el tráfico de influencias de este personaje, quien, siendo director de gobierno municipal, participa como socio en dos empresas que dan servicio tanto al gobierno municipal como al Organismo de Agua Potable.
Resulta que, junto con sus hermanos Lidia y Adolfo, son los socios de las empresas Cloragua S. A. de C. V. y CARREBO S. A. de C. V., mediante las cuales desde hace años cobran al gobierno local desde material para purificar agua hasta proyectos de obras hidráulicas y, aunque no parece tener sentido, le rentan patrullas al gobierno local.
Demanda Laboral
En agosto del 2023, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México con residencia en Texcoco dio a conocer en su boletín una demanda laboral en contra de los hermanos Hernández Carmona, según consta en el expediente CCLEM/TEX/03411/2023, iniciado por Rey David González Beltrán. Esta situación pone en entredicho la rectitud con que los dueños de dichas empresas actúan para cumplir a sus trabajadores o proveedores.
En una nota periodística del portal Amaqueme, se expone que de marzo a diciembre del 2022, el gobierno municipal de Chalco pagó 31 millones 128 mil pesos exclusivamente por la renta de patrullas. Resalta que el servicio de arrendamiento lo proporcionó la empresa Cloragua S. A. de C. V., cuyo giro comercial no tiene nada que ver con el tema de seguridad.
Esta información obtenida por el medio de comunicación no detalla el número de unidades rentadas ni la dirección de la empresa contratada. En la respuesta, se especifica que el municipio pagó mensualmente tres millones 112 mil 860 pesos por la renta de patrullas, únicamente durante los meses de marzo a diciembre de 2022. Aunque en diciembre la tesorería municipal hizo dos pagos por la misma cantidad, el día 5 y el 14.
Sin embargo, el principal negocio de estas empresas propiedad del candidato a síndico municipal ha sido con el Organismo de Agua Potable y, en los documentos que son de dominio público vía el portal de Transparencia, se conoce de cobros y adeudos superiores a los 20 millones de pesos, y se desconoce si para lograr la asignación Cloragua y Carrebo pasaron por algún proceso de licitación.
Tráfico de Influencias:
Argumento Jurídico: Según el Código Penal Federal, el tráfico de influencias está tipificado en el artículo 221. Consiste en que un servidor público, aprovechando su cargo, influya en otro para que éste tome una decisión que le beneficie a él o a un tercero económicamente.
Uso Indebido de Recursos Públicos:
Argumento Jurídico: Conforme al artículo 223 del Código Penal Federal, se sanciona el uso indebido de recursos públicos cuando un servidor público los utilice para fines distintos a los que están destinados, en este caso, para beneficiar a empresas privadas con contratos millonarios.
Peculado:
Argumento Jurídico: El artículo 222 del Código Penal Federal establece que comete peculado el servidor público que distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado para su beneficio personal o de terceros.
Delitos Electorales:
Argumento Jurídico: De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se considera delito electoral el desvío de recursos públicos con fines electorales (artículo 11). Esto podría aplicarse si se demuestra que los fondos obtenidos ilícitamente están siendo utilizados para financiar campañas políticas.
La combinación de estos posibles delitos subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación profunda para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
