De la redacción
Ciudad de México.- La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para aumentar las penas de 12 y hasta 18 años de prisión, a quien o quienes cometan el delito de pornografía de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
En la iniciativa, la diputada proponente expone que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son prioridad en las agendas institucionales y en las organizaciones sociales, con el fin de trabajar, desde el ámbito de su competencia, para salvaguardar la integridad de este sector, sobre todo en estos tiempos en que la tecnología ha facilitado la distribución y acceso a contenidos ilícitos que explotan a menores de edad.
Diana Bernabé informó que en México la pornografía infantil es un problema grave, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se registraron 15 mil 100 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual de menores de edad, de los cuales 10 mil 300 fueron pornografía infantil.
Asimismo, citó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sitúa al país en el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil, abuso sexual, explotación, homicidios y trata a menores, y de cada mil casos de abuso sexual infantil y sus modalidades, solo se denuncian aproximadamente 100 casos, de los cuales únicamente 10 llegan ante un juez, y el 1 por ciento de los imputados es condenado.
Ante esta fuerte problemática, la legisladora indicó que si bien es cierto existen leyes vigentes destinadas a combatir la pornografía infantil, el avance constante de la tecnología ha generado que muchas disposiciones legales sean obsoletas, hecho que amerita una revisión exhaustiva a la legislación actual para adecuarla a los desafíos contemporáneos y garantizar la protección integral de los menores.
“No solo es un acto de justicia hacia los menores, sino también un compromiso con la construcción de una sociedad más segura, justa y respetuosa con los derechos fundamentales de cada individuo”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen.
