Por Isaías León
Zacatecas, 26 de mayo.- “Haré hasta lo imposible por detener lo que la ciudadanía considera el robo del siglo”, dijo Miguel Varela como advertencia a su oposición a la obra del viaducto elevado.
Lo imposible tiene un precio: casi 1 millón de pesos.
Eso es lo que pagarán los habitantes de la capital del estado por lograr que la obra se detuviera.
A esta cantidad se suma la pérdida de mil empleos de zacatecanos que laboraban en la construcción del viaducto elevado
El contrato PMZ/DGGPRL/DC/AS/31/2025/24-27 firmado por el alcalde capitalino a favor de Jorge Luevano Rada, demuestra que detener la obra tiene un costo.
Luevano Rada se convirtió en la cabeza visible de la oposición jurídica a la construcción de la obra en la capital del estado.
Entre los opositores a la construcción de la obra es conocido como “El Abogado del Pueblo”… y ahora se entiende el porqué de ese mote.
Es el pueblo, a través del ayuntamiento de Zacatecas, quien le pagará.
El contrato signado entre el Ayuntamiento de Zacatecas y Jorge Rada Luévano advierte en su cláusula 1:
“Las partes” acuerdan que el objeto del presente contrato lo es la prestación de servicios de manera personal e independiente, por honorarios asimilados a salarios para llevar a cabo las siguientes funciones:
1.- Coordinación de la defensa en contra del Viaducto Elevado
La cláusula 3 señala el total que será pagado al abogado hasta el mes de diciembre de 2025: 778 mil 200 pesos.
De acuerdo con el texto del periodista Andrés Vera, el acuerdo entre el abogado y la alcaldía capitalina se alcanzó ante la posibilidad de que se integrará al ayuntamiento al escenario jurídico en contra del segundo piso
La hendidura por la que presionó Rada a Varela fue simple. El extrañamiento a Varela por negarse igualmente a la revisión de informes previos del ayuntamiento para las audiencias incidentales de los amparos promovidos por Rada contra el segundo piso, que para el tiempo, se llevarían a cabo a finales de abril.
El antecedente de la presión derivaba del acuerdo que en principio se había establecido entre Varela y Rada para llevar a cabo precisamente las asesorías contra el viaducto elevado y la desincorporación al Issstezac. Un documento fechado el 9 de abril, daba cuenta del reproche. En ese momento, Rada y otros, elevaban la disputa a meter en el escenario jurídico a la propia administración capitalina y por ende, colocarlos como un ente que ante las omisiones de los informes previos, estaría en algún sentido, aprobando de facto la construcción, lo que dirimiría el discurso opositor de la obra.
Mil empleos perdidos
José Luis de la Peña, secretario de Obras Públicas, confirmó que por lo menos mil personas que laboraban en la construcción del Viaducto Elevado, perdieron su empleo.
Añadió que el anunció de la suspensión de la obra provocó que se tomará la desición de prescindir del personal que laboraba en el lugar.
Pero además, con el despido de más de mil personas dejó de generar una derrama económica entre los comerciantes de la zona de construcción.
(Con información de El Trochilero)
