- Legisladores guindas sostienen idea errónea de una privatización el órgano administrador de agua y alcantarillado
Por Juan Carlos Vázquez
Guadalajara, 15 de julio.- La fracción parlamentaria de Morena y partidos aliados en el Congreso de Jalisco se niegan a aprobar el Plan Hídrico del Gobierno del estado, que ya fue recibido por el pleno del poder legislativo, y defienden a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aunque no apoye al estado.
El proyecto presenta un diagnóstico de la crisis del agua, y propone determinar los proyectos para hacer frente a la problemática, pero el coordinador de los diputados guinda, Miguel de la Rosa, sostiene, sin muchos argumentos que se registraría un endeudamiento, “ojalá que consideraran la disposición para el diálogo serio, respetuoso, con la sociedad, con las organizaciones civiles, con los especialistas, con la oposición y con el Gobierno Federal. Si se atendiera bajo estos principios, se podría dar paso a que en Jalisco se pudiera atender la grave crisis hídrica que nos afecta y que padecemos todas y todos”.
El legislador anticipó su rechazo junto con los aliados morenistas, “consideramos que es posible resolver el problema de abasto y de calidad del agua sin requerir esquemas de contratación de deuda y tampoco sin recurrir a esquemas de convenio con asociaciones público-privadas”,
Justificaron su postura con la creación de un fideicomiso de por lo menos, 5 mil millones de pesos anuales el uso de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, y estaciones de monitoreo de la calidad del agua, que según ellos forman parte del apoyo del Gobierno de México para la construcción de la presa El Zapotillo, así como para el saneamiento del río Santiago.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, versión de endeudamiento y privatización del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ya que su propuesta plantea un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), mediante el cual, particulares participarían en el desarrollo y operación de obras, y la administración estatal conservará la propiedad de la infraestructura.
El proyecto de abastecimiento hídrico será analizado inicialmente en mesas técnicas en el Congreso local, los diputados podría presentar alternativas de financiamiento para las obras, y el Poder Legislativo también podrá realizar otras propuestas para definir las nuevas acciones y sus mecanismos de saneamiento y distribución de agua.
