- Hostigamiento y decisiones irregulares elevan la tensión en el plantel
Por Luis Ayala Ramos
CHIMALHUACÁN, Méx., 26 de noviembre.- Docentes y personal administrativo del Cobaem Chimalhuacán II denunciaron un ambiente laboral insostenible debido a presuntos actos de acoso, intimidación y arbitrariedades atribuidas a la directora del plantel, Laura Angélica Vargas Medina, situación que se ha agravado en los últimos meses y que ha obligado a la base a formalizar quejas ante la Dirección General de COBAEM.
Las quejas están respaldadas por oficios formales que describen con detalle prácticas de vigilancia indebida, descalificaciones, manipulación de procesos administrativos y acciones que, aseguran las firmantes, vulneran su estabilidad laboral y su integridad moral. Los documentos solicitan investigación institucional y medidas de protección para las denunciantes.
En el oficio fechado el 15 de octubre de 2025, dirigido al Lic. José Emigdio Escobar Villanueva, Director General del COBAEM, las docentes Dra. Erika Montserrat Mendoza Cortés y Lic. Susana Pérez Escobar exponen que la orientadora Cristina Martínez, por instrucciones de la directora, ha incurrido en vigilancia permanente de las aulas y reporte del desempeño docente sin seguir procedimiento formal, lo que ha provocado incomodidad en estudiantes y agravios emocionales en el personal. En ese oficio señalan, entre otros puntos:
Que la presencia frecuente de la orientadora en las clases se ha vuelto una forma de vigilancia y supervisión no formalizada, generando sensación de hostigamiento.
Que se ha inducido a algunos estudiantes a presentar quejas infundadas contra docentes que han alzado la voz o firmado documentos de protesta.
Que como consecuencia del desgaste emocional varias docentes han requerido apoyo psicológico proporcionado por recursos humanos.
Que la vigilancia se intensificó tras la firma de un documento colectivo en el plantel en el que se solicitaba la remoción o el cambio de la directora por anomalías en la gestión.
Solicitan expresamente una investigación imparcial y confidencial, garantías de protección a su integridad moral y profesional, y medidas para restablecer un ambiente laboral sano, citando la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como marco legal de sus demandas.
Ese oficio detalla además antecedentes vinculados a procesos de homologación y recategorización, y reclama falta de atención oportuna por parte de instancias académicas y de contraloría interna ante errores que habrían dejado a docentes fuera de beneficios administrativos, situación que califican como grave por el impacto en sus derechos laborales.
En un segundo oficio, fechado el 8 de octubre de 2025, la docente Sara Ivonne Morales Santiago detalla episodios concretos que tipifica como hostigamiento laboral y abuso de poder por parte de la directora. En su reporte describe, entre otros hechos:
Un incidente en que fue llamada a la dirección para atender a una madre de familia y, en presencia de la madre, la directora validó versiones que denigraron a la docente ante la progenitora, debilitando su autoridad frente al grupo.
Repetición de conductas similares en al menos dos ciclos escolares, entre ellas llamados a dirección, acusaciones vagas sobre presuntas “muchas quejas” y la evasión de la directora a la hora de esclarecer quiénes ocuparon dichas quejas.
Miradas intimidantes, actitudes burlonas y trato despectivo en juntas de academia; entrega irónica de oficios y negativa sistemática a otorgar horas provisionales pese a solicitudes formales reiteradas.
Petición expresa de que se tomen medidas para evitar que la docente quede expuesta ante padres y alumnado y se garantice el respeto a su trabajo y su integridad profesional.
Ambos oficios subrayan la solicitud de medidas institucionales concretas: investigación imparcial, protección de las denunciantes, sanciones en caso de comprobarse responsabilidades y acciones para evitar represalias contra quienes firmaron las denuncias. Las firmantes reiteran su disposición a colaborar en cualquier proceso que permita esclarecer los hechos y fortalecer los valores de respeto, ética y profesionalismo en el COBAEM.
Los documentos —que incluyen firmas y antecedentes— se suman a las quejas colectivas sobre otros puntos de la administración en el plantel: falta de transparencia en procesos de inscripción (con imágenes que, según personal, muestran a administrativos de confianza viendo series durante trabajo), delegación de tareas de limpieza a alumnos por omisión de instrucciones a intendencia, y la imposición de cuotas obligatorias de 40 pesos por docente y 30 pesos por estudiante para cubrir gastos del aniversario del plantel.
En relación con esa cooperación, trabajadores informaron que el día del aniversario el representante del Ayuntamiento colocó sillas, pastel y arreglos florales para la ceremonia y para reconocer a maestras con 20 años de servicio, lo que contradice la versión de la dirección sobre la necesidad de la cooperación; alumnos protestaron por lo que consideraron un cobro injustificado y la directora respondió que “casi nadie cooperó”, comentario que exacerbó la inconformidad entre la comunidad.
Docentes también señalan que ni el sindicato ha logrado intervenir efectivamente para frenar las prácticas denunciadas: han presentado solicitudes de apoyo pero no han visto avances ni mediación que resuelva el conflicto de fondo. Asimismo aducen irregularidades en procesos de homologación y recategorización —con un oficio adicional que documenta errores en la captura de fechas de ingreso y omisiones que los dejaron fuera de beneficios— lo que, según las afectadas, revela fallas administrativas que requieren investigación.
Ante la acumulación de señalamientos, la comunidad ha solicitado la intervención del Director General del COBAEM, José Emigdio Escobar Villanueva, y ha elevado un llamado urgente al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, para que ambas instancias implementen medidas inmediatas: apertura de una investigación imparcial, protección a quienes denunciaron posibles actos de hostigamiento, revisión administrativa de los procesos señalados y la aplicación de sanciones si se acredita mal manejo de recursos o abuso de autoridad.
Concluyeron que la situación ha escalado a tal grado que ya afecta el trabajo académico, la convivencia y el ánimo de la comunidad escolar, por lo que solicitaron una solución inmediata antes de que el problema derive en una crisis mayor dentro del plantel.
