Irregularidades, abuso de poder y actos de corrupción son delitos cometidos en la impartición de justicia.
Son señalados de favorecer a Rodolfo Rosas Moya en el despojo de propiedades.
Chichen Itzá, Yucatán, a 5 de diciembre de 2024.- El empresario Fernando Barbachano Herrero, dueño de los hoteles “Mayaland”, denunció con sus abogados al Fiscal General del Estado de Yucatán, Juan Manuel León León, propuesto por el ex gobernador Mauricio Vila para permanecer en el cargo por 12 años, y a la Juez Interina y Suplente en el Estado, Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, por ilegalidades, irregularidades, abuso de poder y actos de corrupción en la impartición de justicia, para favorecer a Rodolfo Rosas Moya en el despojo de propiedades.
Explicaron el estatus legal en que se encuentran los procedimientos penales, internacionales y de responsabilidad administrativa que se realizan en contra de las autoridades estatales por denegación de justicia, injerencias arbitrarias en el patrimonio, alteración de registros oficiales y otras violaciones a derechos humanos
En conferencia de prensa mostraron a los medios de comunicación las ilegalidades que iniciaron el 17 de febrero de 2022, cuando un convoy de más de 50 hombres armados, dirigidos por Rosas Moya tomó por la fuerza los hoteles ubicados en el corazón de Chichén Itzá.
Señalaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado está en desacato, pues se niega a cumplir con su deber, ya que con motivo de una sentencia de amparo federal le resulta obligatorio ejercer acción penal por el delito de despojo.
Sin embargo, se rehúsan a entregar la posesión a su dueño, aun cuando en septiembre de 2023 se ordenó en un oficio de colaboración constitucional notificado por la Fiscalía de Quintana Roo, que inicialmente autorizó el aseguramiento de los hoteles de manera ilegal y sin aprobación de un Juez de Control.
“No existe justificación jurídica alguna para que la Fiscalía y la Juez de Umán, aparentemente coludidos, se nieguen a restituir la posesión de los hoteles a su dueño; pues las últimas actuaciones han sido burdamente ilegales”, anotaron.
Por instrucciones del Consejo de la Judicatura, indicaron, todos los casos relacionados con Mayaland son resueltos en el circuito judicial de Umán, por Iliana Álvarez, aun cuando la ubicación de los hoteles corresponde en su competencia a Valladolid.
Ante ese proceder acusaron a la juez de alteración de registros y simulación de actuaciones judiciales, en un intento por encubrir la preclusión del plazo que tenía la Fiscalía para acusar, otorgando así una ventaja indebida a Rosas Moya.
Calificaron de grave que la juez haya recibido una acusación el 7 de noviembre, ante fechada al 8 de octubre, para favorecer con ello a la fiscalía, sin considerar que ese día impactó el huracán Milton a Yucatán y que, por ende, se encontraban suspendidas las labores judiciales.
Es imposible, aseguraron, que ese día se presentara, tramitara y acordara el escrito de acusación, debido a que no había energía eléctrica en Valladolid; y de creer este hecho, la Juez habría cometido un delito al poner en riesgo la seguridad y la vida de funcionarios públicos, solo para favorecer a la Fiscalía.
Ostos Rincón Gallardo y Rodríguez Villamil revelaron como la colusión entre autoridades, abuso de poder e impunidad, ha permitido, desde hace casi tres años, a un grupo de vándalos, apoderarse de las ganancias de los hoteles, constituyendo defraudación fiscal y lavado de dinero.
Precisaron que los atropellos de las autoridades judiciales y ministeriales fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción el 20 de junio de 2024; y a pesar de las pruebas contundentes de las actuaciones ilegales y del ejercicio indebido del servicio público esa instancia congeló la investigación, pues el fiscal anticorrupción, Murillo Ku, fue propuesto y debe su puesto al exgobernador Mauricio Vila.
Por ello, destacaron, está en trámite una solicitud a la Fiscalía General de la República para atraer la investigación, y perseguir todos los delitos y a todos los responsables, sin excepción, lo que podría resultar en el desafuero del Fiscal de Yucatán y, en caso de resultar alguna participación del ex gobernador Mauricio Vila, su desafuero como Senador de la República.
En este caso Manuel Rodríguez alertó que esta situación afecta a México frente a sus socios en el T-MEC, porque refleja una ausencia absoluta de seguridad jurídica que impacta al empresariado y al turismo; por ello, instó a los cónsules a que en la vía diplomática expongan su preocupación al respecto.
Gerardo Ostos refirió que este concierto de violaciones a derechos humanos lo está analizando la Comisión Interamericana y, eventualmente, será denunciado por ese organismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo que podría derivar en una condena muy grave para México. Una más, dijo el abogado.
Subrayó que, por la actuación ilegal de las autoridades, se reclama contra la Fiscalía Estatal una indemnización superior a los 100 millones de pesos por concepto de reparación integral, al existir una afectación evidente que deriva de estas actuaciones irregulares.
Recordó que Rodolfo Rosas Moya ya fue expuesto como corrupto y tramposo en varias ocasiones, incluso, por Donald Trump, quien lo acusó por fraude.
Advirtió que seguirán su curso las investigaciones contra Rosas Moya por administración fraudulenta y, eventualmente, por lavado de dinero.
