Pisté impugna la legalidad del CATVI y se aferra a Chichén Itzá

  • El Consejo Indígena aseguró que no existe un acuerdo que los obligue a abandonar el centro de su patrimonio.

Por Miguel Velázquez

PISTÈ, Yuc, 8 de mayo de 2026.- La tensión en torno a la zona arqueológica más emblemática de Yucatán entró a un punto crítico derivado del cambio de sitio de los comerciantes.

En un desafío frontal a las versiones oficiales que sugerían un consenso para desocupar el sitio, el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté aseguró que no existe, ni existirá, un acuerdo que los obligue a abandonar el centro de su patrimonio.

El colectivo calificó de falsas las declaraciones que daban por hecho su salida y advirtió que la resistencia en el recinto se mantiene firme pese a las presiones externas.

El conflicto escaló luego de que las autoridades estatales aseguraron que hay avances en la reubicación de los artesanos hacia el nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

Al respecto la comunidad indígena señaló que sus interlocutores son exclusivamente de orden federal, dejando claro que el Gobierno del Estado no tiene facultades para negociar sobre sus derechos territoriales.

Según los líderes del movimiento, cualquier intento de anunciar un retiro pactado es una distorsión de la realidad que solo busca desgastar la unidad del pueblo maya.

El grupo denunció que el CATVI se edificó omitiendo la consulta indígena obligatoria que exigen los tratados internacionales, convirtiéndolo en un proyecto impuesto y carente de legitimidad comunitaria.

Acusaron además una campaña de división interna orquestada mediante incentivos económicos y coacción política para forzar un traslado que, aseguran, no cuenta con el respaldo de quienes han habitado y trabajado la zona por décadas.

Bajo el amparo del artículo 2 constitucional, los pobladores reafirmaron que su lucha va más allá del espacio comercial, es por el reconocimiento de su derecho ancestral a gestionar y desarrollarse dentro de su propio patrimonio.

Al cerrar filas, el Concejo exigió un alto a las narrativas que contradicen las mesas de diálogo con la Federación y pidió a la opinión pública no dejarse engañar por promesas de acuerdos inexistentes, sentenciando que la presencia maya en Chichén Itzá no es negociable bajo los términos actuales.