- Las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia documentaron oficialmente las irregularidades de la empresa
Por Miguel Velázquez
Kinchil, Yucatán, a 21 de agosto de 2026.- En el suelo kárstico de Yucatán, la empresa Grupo Crío es la causante directa de la contaminación del agua subterránea por el vertido desmedido de excretas avícolas, una crisis ambiental que avanza impune mientras la compañía opera bajo un evidente cobijo político.
Pese al severo daño ecológico e hidrogeológico que padece la comunidad de Kinchil, la firma propiedad de la familia Fernández refuerza sus alianzas en el Congreso del Estado con legisladores que, en una clara contradicción, promueven en el discurso la defensa del derecho humano al agua y la protección de las comunidades indígenas.
Violaciones ambientales y denuncias oficiales
Las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) documentaron oficialmente las irregularidades de la empresa, validando con ello las denuncias de las organizaciones comunitarias de Kinchil.
El 12 de noviembre de 2025, la Profepa constató trabajos de desmonte sin permisos en 13.7 hectáreas en Tzemé, a menos de 600 metros de la zona arqueológica del mismo nombre, donde el INAH confirmó daños directos a estructuras prehispánicas.
A pesar de haberse decretado la clausura total temporal, la Profepa constató en enero de 2026 que la empresa violó los sellos y continuo los trabajos con maquinaria pesada, consolidando de manera ilegal la infraestructura del sitio.
Ante el reiterado desacato, la Profepa amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, la empresa continuó las obras hasta levantar seis naves avícolas y crear un tiradero de excretas a cielo abierto en el predio.
Riesgo sanitario en el acuífero kárstico
Dado que en la península no existen ríos superficiales, el vertido de residuos sin tratamiento sobre el suelo kárstico impacta de forma directa el acuífero subterráneo, donde muestreos en pozos y cenotes de la zona confirmaron la presencia de coliformes fecales y E. coli, bacterias patógenas que provocan graves infecciones gastrointestinales en la población.
Asimismo, la alta concentración de nitratos por desechos avícolas representa un riesgo crítico de methemoglobinemia (enfermedad del niño azul) en lactantes y daños crónicos a la salud.
Complicidad política y la “Cruzada por la Alimentación”
El conflicto ambiental en Kinchil expone una red de omisiones e intereses en el Congreso del Estado, donde los diputados de la bancada oficialista Erick Quijano, María Esther Magadán Alonzo, Rafael Germán Quintal Medina, José Julián Bustillos Medina y Alba Cristina Cob Cortés respaldan abiertamente las actividades de la empresa.
Pese a que representaciones como la de Hunucmá comparten la misma cuenca hídrica afectada, su representante popular Rafael Germán Quintal evita dar exhortos parlamentarios o solicitar inspecciones sobre el impacto ambiental de, consorcio avícola.
En medio de este blindaje legislativo, el 4 de noviembre de 2025, ocho días antes de la primera clausura de Profepa, la propia diputada Alba Cristina Cob Cortés firmó un convenio público con Georgina Fernández Nolasco, directora del programa “Cruzada por la Alimentación” e hija del propietario de Grupo Crío.
La legisladora, promotora de la iniciativa para garantizar el derecho humano al agua en la entidad, guarda un absoluto silencio ante la contaminación del acuífero y mantiene activa la venta de huevo y pollo a bajo costo en su distrito.
Las organizaciones comunitarias y la población afectada señalan que el programa “Cruzada por la Alimentación” funciona como una plataforma de blanqueamiento reputacional y proyección política, permitiendo a la empresa distribuir producto a bajo costo mientras los legisladores omiten la fiscalización del desastre ecológico.
