El diputado local del PRD, Nelson Humberto Gallegos Vaca, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a modificar los límites constitucionales aplicables a las pensiones del sector público, a fin de evitar reducciones en las jubilaciones que fueron otorgadas legalmente antes de la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 de la Constitución federal.
En el documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco, Claudia Marcela Vélez Lanz, el legislador planteó revisar y modificar el Artículo Segundo Transitorio del decreto publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, al considerar que su aplicación a pensiones previamente concedidas podría vulnerar el principio de no retroactividad de la ley.
Gallegos Vaca sostuvo que, si bien es legítimo establecer límites a las percepciones y jubilaciones financiadas con recursos públicos para evitar pagos desproporcionados en el futuro, las nuevas disposiciones no deberían afectar las condiciones económicas de quienes se retiraron bajo las reglas vigentes al momento de obtener su jubilación.
Argumentó que el artículo 14 de la Constitución federal prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de persona alguna y señaló que, una vez cumplidos los requisitos legales y emitida la resolución administrativa correspondiente, la pensión constituye un derecho adquirido que debe ser respetado.
El diputado advirtió que la aplicación de los nuevos topes podría repercutir en la economía de miles de jubilados del sector público, entre ellos integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados y extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones estratégicas del país.
De acuerdo con la exposición de motivos, muchas de estas personas dedicaron entre 30 y 40 años de servicio y organizaron sus gastos de manutención, salud y sustento familiar con base en las pensiones reconocidas por las autoridades.
El legislador también invocó el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1 constitucional, para cuestionar medidas que, desde su perspectiva, representen un retroceso en los derechos económicos y sociales de las personas jubiladas.
No obstante, precisó que la defensa de los derechos adquiridos no significa respaldar posibles irregularidades en el pago de pensiones. En caso de existir cobros indebidos o abusos, afirmó, estos deben investigarse y sancionarse de manera individual, conforme a la ley.
La propuesta contempla dos exhortos. El primero está dirigido a las cámaras de Diputados y de Senadores para que revisen y modifiquen el Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional, con el propósito de eliminar la aplicación retroactiva de los topes a las pensiones y salvaguardar los derechos de quienes ya se encuentran jubilados.
El segundo exhorto está dirigido específicamente a la Cámara de Diputados, a la que solicita aprobar las medidas normativas necesarias para garantizar el pago íntegro y sin reducciones de las pensiones devengadas y reconocidas legalmente conforme al régimen bajo el cual se concedió cada jubilación.
En el punto de acuerdo, Gallegos Vaca argumentó que corresponde al Congreso de la Unión realizar las modificaciones necesarias, debido a que la disposición cuestionada forma parte de un decreto de reforma constitucional federal.
La propuesta deberá seguir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso de Tabasco para determinar si se aprueba el exhorto a las cámaras federales.
