Por Yulia Bonilla
Ciudad de México.- El asesinato de Antonio de la Cruz no sólo representa el décimo segundo asesinato de periodistas en lo que va del 2022, sino, también, el número 62 para el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que prevalece la falta de castigo a los agresores.
El 27 de enero, cuando el país ya contaba los crímenes con los que les arrebataron la vida a José Luis Gamboa, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que durante la actual administración se tenían contabilizados 52 homicidios contra representantes de la prensa mexicana.
Cuatro días después, tres personas tocaron la puerta de las instalaciones de Monitor Michoacán, en Zitácuaro, y, al introducirse los agresores, Roberto Toledo recibió varios disparos que acabaron con su vida, “aunque pudo ser cualquiera”, dijo entonces, en entrevista con La Razón, Armando López Linares, director de ese medio, y quien también fue ultimado el pasado 15 de marzo.
Apenas había transcurrido una semana del asesinato de Toledo, cuando Marco Ernesto Islas Flores también fue privado de la vida en Baja California, el 6 de febrero.
Alrededor del hecho se generó un debate, debido a que las autoridades y otros medios no lo consideraron parte de los crímenes cometidos contra la prensa debido a que, al momento de su muerte, ya no ejercía el periodismo, dijo su padre, el periodista local Marco Antonio Islas, del portal Zona Norte Noticias.
El 11 del mismo mes, Heber López se sumó a la lista, luego de que dos hombres armados irrumpieron en su estudio de grabación, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, y le dispararon.
El siguiente homicidio de un comunicador ocurrió el 24 de febrero, contra Jorge Camero, director del portal El Informativo, y quien hasta una semana antes del crimen fue secretario particular del alcalde de Empalme, Sonora, Luis Fuentes Aguilar.
Durante marzo se cometieron dos más: el de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, donde también trabajaba como taxista, y el de Armando Linares, en Michoacán, donde sujetos armados ingresaron a su domicilio.
En mayo sumaron tres homicidios. El primero, en contra de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista y fundador de Fuentes Fidedignas, cuyo cuerpo fue encontrado en un camino de terracería en Culiacán, Sinaloa.
En un hecho que conmocionó a la comunidad, incluso internacional, las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, del diario veracruzano El Veraz, fueron acribilladas mientras se encontraban dentro de un auto particular frente a una tienda de conveniencia.
Sin castigo
Hasta el 5 de octubre, el informe Agravios contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Segob, advirtió que la impunidad era del 89.3 por ciento en las investigaciones de los 47 periodistas asesinados hasta entonces, pues del total, sólo en cinco casos se habían dictado sentencias.
De los 13 homicidios de representantes de los medios de comunicación contabilizados este año, la cifra de sentencias permanece en cero; sin embargo, por estos casos ya hay 26 detenidos o buscados, de los que 19 han sido vinculados a proceso, según la última actualización del informe Cero Impunidad, que ofrece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
CON INFORMACIÓN DE LA RAZÓN
