El Congreso del Estado de Yucatán respaldó la contratación de deuda destinada a agua potable, movilidad y seguridad, además de avalar la reestructuración de financiamientos existentes y la adaptación del marco legal para las elecciones del Poder Judicial.
Por: Redacción
MÉRIDA, Yucatán, 24 de agosto de 2026.- Durante el desarrollo del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por mayoría un paquete de medidas financieras estratégicas para el desarrollo regional, al tiempo que concretó la armonización legislativa local con las reformas federales relativas al Poder Judicial.
En el primer punto de la agenda, la LXIV Legislatura autorizó, con 31 votos a favor y tres en contra, al Poder Ejecutivo estatal la contratación de uno o más financiamientos por un monto de hasta 1,562 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.
Dichos recursos deberán destinarse de manera prioritaria a inversión pública productiva vinculada al Plan Bienestar Metropolitano, enfocado en solucionar demandas estructurales en materia de agua potable, seguridad pública y movilidad urbana.
El dictamen avalado contempla además el refinanciamiento de la deuda pública estatal por un techo de 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos, la contratación de instrumentos derivados para la cobertura de riesgos financieros y adecuaciones a la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2026.
Los montos contratados deberán quedar formalmente asentados en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en su contraparte estatal.
Durante el debate en el recinto legislativo, la diputada Naomi Raquel Peniche López, de la bancada de Morena, defendió la iniciativa señalando que el Plan Bienestar Metropolitano se fundamentó en un ejercicio de consulta ciudadana con más de 34 mil participaciones.
Explicó que este diagnóstico social identificó la infraestructura hídrica, la movilidad integral y el fortalecimiento de la seguridad como prioridades impostergables ante el acelerado crecimiento poblacional de la zona metropolitana de Mérida.
Además, enfatizó que, al combinar la aportación estatal con los compromisos del Gobierno Federal, la bolsa de inversión para esta estrategia superará los 4 mil 400 millones de pesos, garantizando además la creación de un comité de vigilancia y seguimiento integrado por representantes del sector empresarial, la academia, organizaciones civiles y legisladores.
En el mismo sentido, el diputado Bayardo Ojeda Marrufo, también del grupo parlamentario de Morena, enfatizó la urgencia de readecuar las vías de comunicación ante la expansión metropolitana, destacando que los nuevos proyectos deberán priorizar la pirámide de movilidad, garantizando la seguridad de peatones, ciclistas y personas con discapacidad.
A las posturas a favor se sumaron los diputados Roger José Torres Peniche y Álvaro Cetina Puerto, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes respaldaron los mecanismos de supervisión propuestos para asegurar un uso eficiente del presupuesto público.
Por otra parte, la oposición a la iniciativa estuvo encabezada por el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la mano de los legisladores Javier Renán Osante Solís y Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra de la solicitud crediticia.
A pesar de estos votos en contra, la propuesta prosperó en lo general con la mayoría requerida.
Como segundo asunto de relevancia durante la misma sesión extraordinaria, los legisladores votaron el dictamen dictaminado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación para adaptar la Carta Magna local a las recientes modificaciones legislativas federales relativas al Poder Judicial.
Esta armonización legal establece las directrices locales sobre la organización, los procesos de integración y las bases de convocatoria para los comicios de magistrados y jueces en la entidad.
Dentro del régimen transitorio y las adiciones acordadas, se estipula de forma explícita que la jornada de la elección judicial programada para el año 2027 se llevará a cabo en observancia a los nuevos mandatos Constitucionales, fijando al mismo tiempo los criterios procedimentales hacia la fase electoral prevista para el año 2028.
Una vez agotados los asuntos en la orden del día, la Mesa Directiva dio por clausurados los trabajos correspondientes a este tercer periodo extraordinario, concluyendo el desahogo de los temas inscritos para este ciclo de sesiones.
