- Los demandantes denunciaron que, a casi cuatro años del decreto que ordena su creación.
Por Miguel Velázquez
MÉRIDA, Yic., 6 de mayo de 2026.- Liderazgos del pueblo maya y actores jurídicos lanzaron un ultimátum al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), y lo emplazaron a qué entre 15 a 20 días instalen la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales o enfrentarán medidas drásticas, incluyendo plantones y el cierre de la institución.
Los demandantes denunciaron que, a casi cuatro años del decreto que ordena su creación, la autoridad electoral local ha incurrido en omisiones, falta de transparencia y un “racismo estructural” que impide el acceso a la justicia para el 65.2% de la población del estado.
El conflicto escaló luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara, el pasado 15 de abril, una resolución del tribunal local que pretendía dar por cumplida la sentencia de creación.
Bajo el expediente SUP-JDC-124-2026, la máxima autoridad electoral del país fue contundente y aseguró que la Defensoría debe estar instalada y funcionando al inicio del proceso electoral 2026, sin excusas ni dilataciones, ni tampoco se puede alegar falta de presupuesto.
Juan Alberto Baas Tec, vocero del movimiento, señaló que el IEPAC solo ha realizado “gestiones mínimas” sin asignar presupuesto real ni contratar personal, a pesar de que el Decreto 655-2023 define a la Defensoría como un órgano autónomo y gratuito para grupos vulnerables.
Acusó la falta de apertura del Instituto, ya que el IEPAC firmó un convenio con una organización denominada CEPAIDET de forma unilateral.
“A esa organización no la conoce nadie. ¿Por qué no nos consideraron a los demandantes? No nos informan ni nos invitan”, reclamó.
Por su parte, Silvia Chan Nieves arremetió contra la pasividad del consejo general del IEPAC, así como de falta de voluntad, señalando tanto a la presidencia como a las consejerías de votar sin una perspectiva intercultural.
Recordó que Yucatán ocupa el primer lugar nacional en negación de derechos según el ENARIS.
En su turno , Genny Martín Sosa fue enfática en que no aceptarán “defensores de oficina” impuestos por la autoridad electoral.
Precisó que las demandas principales son: Convocatoria pública y consulta indígena para la selección del personal; perfil de los defensores, que sean de origen indígena, con trayectoria de lucha y compromiso social, no solo currículum académico y un Comité de Vigilancia Ciudadana, cuya propuesta fue entregada desde el 13 de marzo pasado y que el IEPAC ha ignorado.
Tras el encuentro con los medios de comunicación, el grupo se trasladó al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador Joaquín Díaz Mena, buscando su intervención para garantizar que se respete el fallo federal.
“La Defensoría no es un regalo, es un derecho”, concluyó Baas Tec, quién advirtió que de no haber avances claros en las próximas dos semanas, habrá movilización social, pues es la única vía para garantizar el beneficio de 1.4 millones de personas indígenas en la entidad.
