Diputada Jasmine Bugarín, del PVEM, plantea que oficinas de gobierno en todo el país destinen 5 por ciento de sus plazas a personas con discapacidad

El indicador más alto de la participación de este sector en el mercado laboral es de apenas 38.5 por ciento, señala la legisladora verde ecologista

Ciudad de México, 29 de mayo de 2022.- La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (PVEM) propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que entidades de la Administración Pública Federal y de la Administración Pública de los estados, estén obligadas a destinar el 5 por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.

En su iniciativa, la legisladora citó datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se señala que, de los 115.7 millones de personas de cinco años y más que habitan en el país, 7.7 millones (6.7 por ciento), son consideradas población con discapacidad.

Este mismo documento, señaló en un comunicado, muestra que existe una amplia diferencia en la tasa de participación económica entre los sectores de la población con y sin discapacidad, pues en el primer caso el indicador más alto es de 38.5 por ciento y en el segundo de 65.4 por ciento.

Además, existe una brecha de ingresos considerable entre ambos sectores, ya que las personas con discapacidad reciben por su trabajo apenas el 66.5 por ciento de lo que ganan las personas sin discapacidad.

La propuesta resalta que, en 2003, por ejemplo, el Ejecutivo Federal propuso otorgar un incentivo que permitió a los patrones deducir 20 por ciento del salario que recibe el trabajador con discapacidad y en 2014, se aumentó dicho porcentaje.

En la Ciudad de México se aplican descuentos que van de 20 a 30 por ciento sobre el pago de la tasa de 3 por ciento del Impuesto sobre Nóminas al patrón que demuestre tener en su plantilla laboral, cuando menos el 20 por ciento de trabajadores con discapacidad, adultos mayores o madres solteras.

“Pese a ello, las personas con discapacidad siguen enfrentando serias dificultades para acceder a un trabajo digno, de ahí la importancia de la propuesta, que contempla aplicar el beneficio tanto en el ámbito local, como federal”, subrayó la diputada ecologista.