Luisa Martín Puc viola las leyes del Sindicato Progresista, y debió emitir la convocatoria 60 días antes de que venza su mandato, lo que en su caso ocurrirá el 14 de octubre de 2025.
Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2025.- Lo que se vive hoy en el Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial parece sacado de una novela de corrupción, abandono y engaños. La todavía secretaria general, Luisa Inés Martín Puc, se aferra al cargo como si fuera trono, ignorando las leyes internas de su propio sindicato y sumiéndolo en una crisis sin precedentes.
Según el artículo 41 de su Estatuto, la convocatoria para elegir nueva directiva debe lanzarse 60 días antes de que venza el mandato, lo que en su caso ocurrirá el 14 de octubre de 2025, fecha en que dejará de ser secretaria general. Sin embargo, a esta fecha —18 de agosto de 2025— el plazo para convocar a elecciones ya expiró, sin que hasta este momento haya publicado la convocatoria en su página oficial o en los centros de trabajo del Poder Judicial, dejando en evidencia una ilegalidad flagrante que pone en entredicho su legitimidad y que demuestra su intención de aferrarse al puesto de secretaría general a toda costa, aun realizando actos ilegales.
Pero el problema no termina ahí. La actual directiva ni siquiera tiene quórum legal desde hace dos años. Las renuncias de Víctor Hugo Huchín Torres, Clarisa Marisol Pech Echeverría y Jorge Luis Santana Victoria, así como la jubilación de Beatriz Castro Medina —quien por Estatuto ya no es socia—, han dejado un cascarón vacío al frente del sindicato, pues no se tiene una directiva y la secretaria general carece de facultades para nombrar a estos directivos. Y pese a esto, no se ha convocado a asamblea para cubrir los cargos vacantes.
A la par, Luisa Martín Puc también ha ignorado el artículo 29 de su propio Estatuto, que exige al menos dos asambleas anuales para rendir cuentas sobre el patrimonio sindical. Van tres años sin asamblea alguna, sin transparencia y sin que los trabajadores sepan qué ha pasado con los recursos de todos.
Mientras tanto, la secretaria general mantiene un discurso engañoso para los agremiados, presumiendo supuestos lazos con “altos políticos” y “gente influyente del gobierno”. La realidad es otra: nadie la recibe, nadie le da el saludo y nadie quiere verse asociada con ella. El golpe más humillante fue cuando, pese a inscribirse, le negaron participar en la contienda para ser magistrada del Poder Judicial. Un hecho que demuestra, sin lugar a dudas, que no cuenta con el respaldo político que intenta vender.
Actualmente, engaña a los jueces vendiéndoles la idea que con ella van a conservar y asegurar su puesto en la elección de 2027, lo cual es mentira, pues si algo es seguro que quien se identifique con Luisa Martín, está seguro que no ocupará un lugar en la judicatura en 2027.
Pero quizá lo más dañino sea su lucha de protagonismo y venganza personal. Su obsesión por “convertir” al Sindicato Progresista en el mayoritario lleva ya tres años fracasando, pues la mayoría de los trabajadores saben que unirse a ella es, literalmente, “firmar su condena sindical”. La ven como un obstáculo para mejorar las condiciones laborales y la acusan de buscar únicamente su beneficio personal.
En pocas palabras: Luisa Martín Puc está llevando al Sindicato Progresista al borde del colapso, aferrada a un poder que ya no le corresponde, en medio de una crisis que huele más a traición a los trabajadores que a liderazgo.
