Ciudad de México.- El Senado de la República tiene previsto discutir y votar el paquete pendiente de la reforma electoral, o plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual plantea la compactación y reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la eliminación de la cláusula de “vida eterna a partidos”, sin embargo, ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia.
Hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), a cargo del investigador, César Alejandro Giles Navarro.
Además de lo anterior, se espera que el paquete de reformas electorales que será retomado por el Congreso la siguiente semana motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas a las normas que modifican la estructura y funcionamiento del INE.
(Foto: Twitter/@PRDMexico)La Alianza Va por México, compuesta por los partidos PAN, PRI y PRD adelantaron que presentarán nuevos recursos ante el máximo tribunal al considerar que Morena y sus aliados intentan llevar a cabo modificaciones en materia electoral a través de leyes secundarias, aún cuando estas violan la Constitución.
Según el estudio, los actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Por otro lado, algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso (Morena, PT, Partido Verde) a favor del Plan B, señalan aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver la constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Se debe destacar que para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido, es decir, al menos 8 de los 11 ministros.
CON INFORMACIÓN DE INFOBAE
