La organización solicita a la Sala Superior del Tribunal Electoral revisar sustancialmente las modificaciones aprobadas por el INE antes de desechar las demandas de la sociedad civil.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2026.- La organización Poder Ciudadano ha realizado un llamado urgente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que analice de fondo las impugnaciones interpuestas por la sociedad civil en contra de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, la cual fue aprobada previamente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG489/2026.
Este pronunciamiento surge tras la difusión del proyecto de sentencia correspondiente a los expedientes acumulados SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026, el cual plantea desechar las demandas argumentando una supuesta falta de interés jurídico por parte de las organizaciones ciudadanas para controvertir dichas normas.
Frente a este panorama, Poder Ciudadano advierte que una resolución de este tipo implicaría cerrar la puerta a que la sociedad civil pueda exigir la revisión jurisdiccional de decisiones que impactan de forma directa en la formación de las mesas directivas de casilla, el adiestramiento electoral y la imparcialidad de los funcionarios que contarán los votos el 6 de junio de 2027.
La presidenta nacional de la organización, Gaby Sterling, aclaró que la intención no es presionar por un fallo preconcebido, sino garantizar que la Sala Superior evalúe si los cambios proyectados preservan los principios de certeza, objetividad e imparcialidad, subrayando que el papel ciudadano debe trascender el día de las urnas y abarcar la supervisión de las reglas organizativas.
A diferencia del recurso del Partido Acción Nacional, enfocado en la fiscalización de las entrevistas a los aspirantes a capacitadores y supervisores electorales, la postura de Poder Ciudadano abarca una revisión técnica integral de diversos ajustes que, de forma acumulativa, podrían restar efectividad a los controles preventivos instalados en las casillas.
Entre las modificaciones más preocupantes se destacan la reducción de ocho días en los periodos de capacitación electoral, con tres días menos en la primera etapa y cinco en la segunda, además de la eliminación del requerimiento fijo de revisitas y del estándar de dos personas aptas por puesto, el cual se reemplaza por un número óptimo basado en datos históricos tras el cual se dejaría de buscar a los insaculados no localizados.
Además, los cambios facultan la adición de secciones con estrategia diferenciada de nivel 2 para recurrir a la lista nominal cuando falte personal insaculado sin requerir la autorización previa del Consejo Distrital, notificándole únicamente de manera posterior.
En materia de verificación, se sustituye la compulsa institucional en bases de datos sobre servidores públicos impedidos por una declaración bajo protesta de decir verdad, y se suprime la apertura automática de procedimientos sancionadores para aspirantes que aparezcan afiliados a un partido político si declaran desconocer dicho registro.
También, se reconfigura el valor de los criterios de selección, bajando el examen del 60 al 50 por ciento y aumentando las entrevistas del 40 al 50 por ciento de la calificación total.
Poder Ciudadano manifiesta comprender la necesidad del INE de ajustarse a condicionantes presupuestarias y operativas de gran escala, pero enfatiza que la eficiencia debe respaldarse con evidencia técnica que garantice la preservación de la calidad en la capacitación y evite el uso excesivo de mecanismos extraordinarios.
La organización sustenta su preocupación en datos del propio INE que muestran una tendencia a la baja en la efectividad del procedimiento: la proporción de propietarios designados que efectivamente integraron casillas cayó del 92.26 por ciento en 2017-2018 al 89.35 por ciento en 2020-2021 y al 88.28 por ciento en 2023-2024, con el consecuente incremento en la toma de funcionarios de la fila. Igualmente, se recordaron las 18 mil 245 sustituciones de personal electoral registradas en el proceso anterior, que obligaron a emitir más de mil 400 convocatorias extraordinarias.
Finalmente, la organización reitera que el escrutinio sobre decisiones de alta trascendencia técnica fortalece el entramado institucional del país. Por ello, reafirma su respeto a la autonomía del TEPJF y confía en que los magistrados valoren el derecho ciudadano de vigilar la integridad del proceso antes de que comience la implementación operativa del modelo electoral para el periodo 2026-2027.
