- El acuerdo busca garantizar que la operación de las granjas no comprometa el equilibrio ecológico del estado.
Por Miguel Velázquez
MÉRIDA, Yuc., 9 de abril de 2026.- En un paso decisivo para frenar el deterioro ambiental en la región, autoridades federales y estatales formalizaron una estrategia conjunta de vigilancia y control sobre la industria porcícola, uno de los sectores más señalados por su impacto en los ecosistemas locales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) oficializaron un Convenio Específico de Coordinación.
El acuerdo busca garantizar que la operación de las granjas no comprometa el equilibrio ecológico del estado.
Psra ello, se establece una hoja de ruta clara para los próximos cuatro años, destacando, entre los puntos más relevantes, que la SDS podrá solicitar dictámenes técnicos a la Semarnat sobre el impacto ambiental de las unidades de producción.
Lo innovador de este acuerdo es su carácter vinculante radica en qué las decisiones y medidas de mitigación sugeridas por la federación deberán ser acatadas por la autoridad estatal para la toma de decisiones.
“El objetivo es diseñar propuestas de prevención, mitigación y compensación que realmente frenen los impactos negativos de las granjas,” señala el documento oficial.
Cómo una de los pilares del convenio resalta la colaboración, que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, cimentada en tres ejes principales, como son la Capacitación Técnica, donde la Semarnat brindará asesoría y acompañamiento a la SDS para fortalecer sus procesos de evaluación de impacto ambiental e inspección.
Además, habrá una Fiscalización Activa, para que la Profepa reciba información detallada sobre cada proyecto evaluado para activar operativos de inspección y vigilancia de manera inmediata en su ámbito de competencia.
Y como tercer punto, la Transparencia y Seguimiento, con la creación de un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará cada tres meses, además de la entrega de informes anuales para medir la eficacia de esta coordinación.
Con esta firma, las instituciones buscan resolver la vulnerabilidad ambiental que ha caracterizado a la actividad porcícola en la entidad, y con la entrada en vigor del convenio, a partir de hoy, ninguna granja podrá operar si rebasa los límites establecidos de protección al ambiente o si genera desequilibrios en el delicado sistema hidrológico de la península.
Este esfuerzo coordinado marca un precedente en la gestión ambiental de Yucatán, poniendo la lupa sobre una industria clave para la economía, pero que ahora enfrenta el reto de alinearse estrictamente con la sustentabilidad.
