SUBIDA POR: REDACCIÓN
Ciudad de México.- Una conversación entre los abogados José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y Rafael Espino de la Peña (ex senador por morena y casi candidato a gobernador) podría poner bajo la lupa la manera en que las autoridades condujeron algunas de las investigaciones relacionadas con el conflicto de la Cooperativa Cruz Azul (hoy señalada de lavar dinero del CJNG).
El audio, grabado por uno de los participantes en la reunión, expone una discusión inquietante: nombres que aparentemente habrían sido introducidos por la propia autoridad durante entrevistas ministeriales, preguntas dirigidas hacia personajes específicos y señalamientos que, según se desprende de la conversación, no necesariamente estaban sustentados en hechos conocidos directamente por los declarantes.
La grabación abre una pregunta incómoda: ¿la autoridad estaba investigando para descubrir la verdad o buscando declaraciones que respaldaran una historia previamente construida?
Durante la conversación, Diego Ruiz Durán reclama haber sido relacionado con un supuesto esquema de facturación irregular. Ante su inconformidad, José Luis García Miranda sostiene que esos señalamientos no habrían sido inventados por él ni por su cliente, identificado como Alfredo. Su explicación apunta en otra dirección: la autoridad ya llevaba una línea de investigación, hacía las preguntas, mostraba documentos y ponía nombres específicos sobre la mesa.
Entre esos nombres aparece reiteradamente el del abogado Ángel Junquera, relacionado profesionalmente en distintos momentos con asuntos vinculados con Billy Álvarez y Cruz Azul.
Sin embargo, el contenido del audio resulta revelador: el nombre de Junquera no habría surgido de la narración espontánea de hechos delictivos presenciados por el declarante. Por el contrario, la conversación sugiere que su aparición habría derivado de preguntas específicas formuladas por quienes conducían la investigación.
La diferencia es enorme
Una cosa es que un testigo reconozca a un abogado o sepa que representó profesionalmente a determinada persona. Otra muy distinta es que tenga conocimiento directo de que ese abogado participó en una operación criminal.
Y es precisamente ahí donde la actuación de la autoridad queda bajo cuestionamiento.
La conversación incluso aborda que Barradas (Guillermo Barradas Cendón- señalado como supuesto operador de Julio Scherer) quien era abogado de Cruz Azul, participó de principio a fin en la “entrevista ministerial”, cuando esta es únicamente facultad del ministerio público, precisa que la misma se llevó en casa de Alfredo Álvarez y manifiesta cómo se elaboraron y modificaron entrevistas ministeriales y cómo algunas afirmaciones categóricas tuvieron que ser eliminadas al no poder sostenerse sobre hechos que constaran directamente al declarante. También se habla de discusiones sobre qué nombres debían aparecer y cuáles no dentro de las declaraciones.
Ya que, en ella, José Luis García Miranda refiere que modificó aproximadamente el 80% del contenido de la entrevista ministerial conforme a su conveniencia; que también omitió incorporar información relacionada con operaciones investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las que, según la conversación, él mismo se encontraba involucrado; y que existía un evidente conflicto de intereses, al actuar como abogado de Alfredo mientras intervenía en la elaboración de declaraciones relacionadas con la investigación. Asimismo, sostiene que tuvo injerencia para decidir a qué personas se investigaría y a cuáles no, y señala que durante dichas actuaciones también estuvo presente Barradas, abogado de Cruz Azul (anteriormente acusado de extorsión).
El escenario que dibuja el audio es delicado: una autoridad que aparentemente llegaba a las entrevistas con nombres previamente identificados, preguntaba directamente por ellos y buscaba información sobre personas específicas, aun cuando el entrevistado no necesariamente tuviera conocimiento directo de alguna conducta ilícita de su parte.
Esto obliga a preguntar: ¿Cuántos nombres dentro de las investigaciones relacionadas con Cruz Azul surgieron verdaderamente de testimonios espontáneos? ¿Cuántos fueron introducidos por preguntas de la propia autoridad? ¿Qué acusaciones estaban respaldadas por pruebas y cuáles nacieron de referencias indirectas, comentarios de terceros o simples relaciones profesionales?
En el caso de Ángel Junquera, la conversación resulta particularmente significativa. Pese a que su nombre aparece dentro de la discusión, los interlocutores no identifican hechos concretos que les consten personalmente y que acrediten su participación en operaciones ilícitas.
De confirmarse que nombres de abogados y otras personas fueron incorporados a declaraciones a partir de preguntas dirigidas, sin evidencia independiente que respaldara una posible conducta criminal, estaríamos frente a una actuación que, cuando menos, merece una explicación seria por parte de las autoridades responsables de integrar esas investigaciones.
Porque en un expediente penal de alto impacto, poner un nombre dentro de una carpeta puede bastar para destruir una reputación, especialmente cuando después esa información termina filtrada y convertida en acusación pública.
El audio deja así una sombra sobre la actuación de quienes condujeron estas investigaciones y dos preguntas que la autoridad tendría que responder:
¿Se investigaron hechos para encontrar responsables o se buscaron nombres para sostener una hipótesis que ya estaba escrita?
¿Será la FGR- FEMDO una institución al servicio de particulares?
