De la redacción
Ciudad de México.- Con 453 votos, la Cámara de Diputados aprobó adicionar un párrafo segundo al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia institucional.
Establece que “la identificación de violencia institucional buscará atender las necesidades legales insatisfechas con respecto de situaciones en las que las mujeres no puedan acceder a la justicia para abordar sus problemas legales, destacando protecciones constitucionales, civiles, penales, familiares y administrativas, y reconoce la importancia del pluralismo formal, informal y legal para entender las necesidades de justicia no satisfechas de las mujeres”.
En la fundamentación del dictamen, remitido al Senado, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) explicó que existen situaciones en que las personas no pueden acceder a la justicia, porque la ley “se filtra” a través de prejuicios y limitaciones de los individuos e instituciones responsables de aplicarla en la realidad, que se agrava por un entorno social que perjudica a las mujeres mediante la discriminación histórica, la construcción patriarcal de género y la perpetuación de estereotipos.
Señaló que las mujeres que desean presentar denuncias o ejercitar acciones que rompan su círculo de violencia, enfrentan momentos de vulnerabilidad y revictimización cuando las instituciones perpetúan la violencia por falta de sensibilización o de conocimiento, así como por la realización de prácticas que retrasan la impartición de justicia, lo que se observa en todos los ámbitos legales en donde se requiere asesoría o atención por parte del Estado.
“Eso refleja la deficiencia del Estado en la atención a las mujeres y las problemáticas subyacentes, así como para frenar la violencia en miles de feminicidios y desapariciones que aquejan al país”, subrayó.
Por ello, solicitó el voto a favor del dictamen porque su aprobación contribuye a atender y eliminar la violencia contra las mujeres.
Reconoció que significa avanzar en el camino correcto, “pero el problema de fondo se encuentra muy lejos de resolverse. Se requieren políticas eficaces y certeras que eliminen sesgos discriminatorios, que los recursos se apliquen verdaderamente y dejen de etiquetarse para fines distintos a los señalados, así como un incremento real”.
Es un compromiso que todos los órdenes de gobierno deben tener, empezando por la Cámara de las y los diputados, quienes debemos aprobar políticas eficientes con reglas de operación claras y precisas que garanticen un manejo de los recursos humanos y económicos para atender las necesidades jurídicas insatisfechas, derivadas del incumplimiento de la Constitución Política, las leyes secundarias y los tratados internacionales, destacó.
En la exposición de motivos, se considera que la introducción de las “necesidades legales insatisfechas” es una evidencia del impacto de la falta de acceso efectivo a la justicia, “y los índices de violencia contra las mujeres lo evidencian”.
Refiere que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, de octubre de 2020 a octubre de 2021, el 42.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia; la psicológica presentó mayor prevalencia, con 29.4 por ciento, seguida por la sexual, (23.3 por ciento), la económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 por ciento), y la física (10.2 por ciento).
Además, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina, México ocupa la séptima posición en feminicidios en la región, con una tasa de 1.4 por cada 100 mil mujeres.
