- La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa
LOS VILLANOS
México, 20 de febrero.- El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.
Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.
Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.
Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.
Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).
El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.
Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.
La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.
Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.
En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.
El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.
