SUBIDA POR: REDACCIÓN / @CorresponsalsMX
Ciudad de México.- La corrupción en el sistema aduanero mexicano se ha convertido en un punto crítico en la relación bilateral con Estados Unidos. En su informe anual 2025 sobre barreras comerciales extranjeras, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) advirtió que las aduanas de México no solo representan un obstáculo significativo para el comercio, sino que están profundamente infiltradas por redes de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
El informe detalla irregularidades sistemáticas, como la aplicación inconsistente de procedimientos, la falta de avisos previos sobre cambios regulatorios y restricciones según el puerto de entrada. Estas prácticas han generado incertidumbre para los exportadores estadounidenses, y han desatado preocupación en Washington sobre el verdadero nivel de control del Estado mexicano en sus fronteras.
Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la corrupción es el eje central del conflicto. Casos históricos han expuesto una estructura profundamente viciada dentro de las aduanas mexicanas. Uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, perteneciente a la Agencia Nacional de Aduanas de México señalado por realizar colectas ilegales en las aduanas fronterizas de Tamaulipas, en el marco de operaciones ligadas al “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles que ha cobrado fuerza en los últimos años y que aun permea con aparente impunidad.
Caso Baja California: complicidad aduanal con el contrabando
En uno de los casos más sonados, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó reforzar la vigilancia en las aduanas, luego de que importadores denunciaran malos manejos en los cruces fronterizos de Mexicali y Tecate, en Baja California. En ese contexto, el agente aduanal Roberto Ruíz Armas, identificado con la patente 1656, fue señalado por su presunta complicidad con autoridades para internar mercancía de contrabando al país.
Como respuesta, la administración federal canceló patentes y activó un sistema de monitoreo digital para supervisar las operaciones en las aduanas en tiempo real. Estas acciones fueron aplaudidas por empresarios afectados, quienes han denunciado durante años el uso de las aduanas como punto de entrada de mercancía ilegal bajo protección oficial.
Lista negra y presión desde Washington
La preocupación en EE.UU. no termina en lo comercial. Según reportes de medios nacionales, el Departamento de Justicia estadounidense posee una lista de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico, que incluye al menos tres exgobernadores, cinco senadores, cuatro diputados federales y un juez o magistrado. Las fuentes aseguran que Washington ya ha solicitado al gobierno de México la entrega voluntaria de dichos personajes, lo que podría derivar en una crisis diplomática sin precedentes si no hay cooperación bilateral.
Relación bilateral bajo tensión
La ANAM se encuentra en el centro del escándalo, al enfrentar serias acusaciones por permitir que funcionarios vinculados con redes criminales continúen operando con impunidad. A pesar de los recientes ajustes institucionales, los resultados siguen siendo limitados frente al tamaño del problema.
La presión desde Washington crece no solo en lo comercial, sino también en temas de seguridad, combate al crimen organizado y gobernabilidad. Esta nueva ola de denuncias pone en duda la capacidad del gobierno mexicano para depurar sus instituciones clave y garantizar la legalidad en los cruces fronterizos.
La relación México–Estados Unidos atraviesa un momento decisivo. De no atenderse con seriedad y transparencia los señalamientos por corrupción, contrabando y vínculos con el narcotráfico en las aduanas, el país podría enfrentar consecuencias económicas, políticas y diplomáticas de gran escala.
