- En el epicentro de las críticas se encuentra la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares. Bajo la dirección de Eugenio Laris González
Por Redacción
México, 7 de enero.- El sistema de finanzas populares en México, que sirve de salvavidas para millones de ahorradores, enfrenta hoy su flanco más vulnerable: el colapso interno de su propio supervisor. Voces del sector académico y analistas financieros coinciden en un diagnóstico alarmante: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) atraviesa una crisis de legitimidad alimentada por la inacción operativa y una preocupante descapitalización de talento técnico.
En el epicentro de las críticas se encuentra la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares. Bajo la dirección de Eugenio Laris González, la institución ha sido señalada por una gestión que privilegia la discrecionalidad sobre el rigor técnico. La salida masiva de especialistas en administración de riesgos y normatividad contable —pilares de los acuerdos internacionales de Basilea— ha dejado un vacío de mando que hoy se traduce en decisiones calificadas por el mercado como “opacas y confrontativas”.
La operatividad de Jorge Manfred Ramírez Castañeda ha sido el blanco más reciente de estos cuestionamientos. Descrito como un operador con excesiva injerencia administrativa, se le atribuye un estilo de supervisión que ha tensado la relación con las entidades reguladas, desplazando la prevención técnica por un enfoque de control punitivo y poco transparente.
Las consecuencias de este deterioro institucional ya tienen nombres y apellidos. El caso de la financiera CAME se ha erigido como el símbolo de la “supervisión tardía”: una entidad que, pese a mostrar signos críticos de liquidez, no recibió una intervención oportuna, dejando a miles de ahorradores en la incertidumbre. En contraste, el caso de Acción y Evolución encendió las alarmas por la dirección opuesta: un recálculo administrativo del Nivel de Capitalización (NICAP) que, “por oficio”, hundió a la entidad de la solvencia a la quiebra en un movimiento que el sector considera falto de sustento metodológico público.
Con una lista de revocaciones que no deja de crecer —incluyendo sombras del pasado como FICREA y casos recientes como La Perseverancia y Financiera Auxi— la pregunta en el sector no es si la CNBV actuará, sino si llegará a tiempo. El reto para el organismo no es solo burocrático; es una carrera contra el reloj para reconstruir la credibilidad institucional y garantizar que la supervisión técnica sea, de nuevo, la garantía de estabilidad que el sistema financiero mexicano exige.
