- La Fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján habría ya detectado una presunta red de corrupción al interior de la dependencia a su cargo.
Por Agencia Corresponsales.Mx
Ciudad de México, 20 de febrero.- La Fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján tiene en su escritorio un proyecto para hacer una purga dentro de la institución. Y es que, según una investigación realizada por la propia Fiscalía y por la Secretaría de las Mujeres, se ha detectado una presunta red de corrupción, encabezada por diversos despachos de abogados. La lista de más de 20 despachos, la encabezan Nassar Nassar y Asociados, de José Luis “El Güero” Nassar; el despacho de Julio Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico del ex presidente Andrés Manuel López Obrador; el despacho de Villarruel Abogados, de Marco Polo Rodríguez Villarruel, entre otros.
Del lado del Poder Judicial, el documento identifica una estructura de presunta corrupción, encabezada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien operaría de la mano de los despachos de abogados, distintos jueces, Fiscales y Ministerios Públicos para voltear carpetas de investigación en contra de mujeres, que primero fueron víctimas, y después han sido imputadas, en varios casos les han girado órdenes de aprehensión, vinculado a proceso y girado prisión preventiva.
La propia diputada federal María Teresa Ealy, integrante de la bancada de Morena, ha señalado que el Magistrado Guerra ha encubierto a violadores y presuntos feminicidas. Diversas asociaciones lo han acusado de aplicar la Ley a conveniencia y permitir la corrupción de jueces y magistrados. El brazo derecho y ejecutor de todos los encargos de Guerra es el juez Júpiter López Ruiz, de quien existe evidencia suficiente de sus órdenes para presuntamente cambiar las carpetas de investigación en contra de diversas mujeres, ordenar cateos para sembrar drogas y realizar demás actos ilegales.
Se identifican también otros jueces como Rafael Santana Solano, en materia de violencia familiar; el juez Carlos Trujillo Rodríguez, en materia de fraude procesal, así como la juez Nelly Ivonne Cortés en materia familiar, de girar órdenes de aprehensión en contra de diversas mujeres, todas ellas víctimas de esta maquinaria de corrupción y de sus ex parejas.
El modus operandi identifica a estas ex parejas como hombres con gran poder económico en el país, que han contratado esta presunta maquinaria de corrupción, donde ya se le denomina “El Mercado Negro de la Justicia en México”. Se habla, incluso, de tabuladores para iniciar procesos en la Fiscalía, girar oficios, vinculación a procesos, etc. Los costos inician desde los 200 mil pesos para iniciar y fabricar un delito, hasta cobrar millones por enviar cateos y sembrar drogas a las víctimas.
El caso que detonó esta investigación exhaustiva fue el de María Fernanda “Mafer” Turrent, que sacudió la justicia en México, y sembró la oportunidad para que se comiencen hacer cambios dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México y el Poder Judicial. De inmediato, la instrucción de liberarla vino de las más altas esferas del poder, donde intervino la Secretaria de la Mujer, a nivel federal, Citlalli Hernández. La Secretaria ordenó una investigación en la Ciudad de México, que llevaría a identificar este modus operandi en contra de las mujeres.
El trabajo mayúsculo de cambios que se estarían dando dentro de la Fiscalía, serían en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, donde recientemente fue nombrada Gema Chávez Durán, quien fungía como titular de la Fiscalía de Chihuahua. Chávez Durán estaría a cargo de implementar diversos cambios y nuevos nombramientos dentro de las Fiscalías de Investigación de Delitos Sexuales, de Investigación del Delito de Violencia Familiar, e incluso de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio.
Recordemos que la actual Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, Ana Casillas, está envuelta en una polémica con el famoso periodista de nota roja, Carlos Jiménez. La Fiscal de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Rosalba Angélica Barrera Rosales, ha sido señalada de formar parte de esta presunta red de corrupción y tráfico de influencias de diversos despachos de abogados. Se han identificado diversas carpetas de investigación donde Barrera presuntamente habría ayudado a estos despachos de abogados, a voltear las investigaciones en contra de varias mujeres. Por último, se espera que la Fiscal Especial para la Investigación del Delito de Feminicidio, Brenda Celina Bazán Varela, se integre a las filas de la Secretaría de la Mujer a nivel federal, siguiendo los pasos de su jefa, Sayuri Herrera, quien ha sido nombrada como Directora General de Acceso a la Justicia.
Los cambios se verán en los próximos días, mientras que dentro de diversas asociaciones de activistas y feministas, ya se preparan para revisar los perfiles que lleguen a estos cargos. Existe mucha esperanza en que la nueva Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, implemente orden, revise y analice todos los casos de injusticia que se han fabricado dentro de la Fiscalía y concretado por diversos jueces “a modo”.
