México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la primera fase del ‘Plan B’ de la reforma electoral para que no entre en vigor en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
Al admitir siete acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el ‘Plan B’ electoral, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, frenó la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en Edomex y Coahuila.
El ministro argumentó que las reformas electorales aprobadas en diciembre pasado «podrían causarle afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales».
Pérez Dayán también suspendió la entrada en vigor del nuevo concepto de «propaganda» contenido en la primera parte del ‘Plan B’, la cual permite a los servidores públicos emitir sus opiniones políticas sin ser sancionados.
La resolución de la Corte considera que la modificación de dicho concepto afecta directamente a las reglas que regulan tres aspectos: la propaganda electoral, el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos a cargo de funcionarios para no incidir en la contienda y los principios que deben regir las sanciones en la materia.
Diputados y senadores de los partidos de oposición de PAN, PRI, PRD y MC promovieron siete acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, las cuales fueron admitidas por el ministro Alberto Pérez al suspender la entrada en vigor del ‘Plan B’ en las elecciones de Edomex y Coahuila.
La suspensión de la SCJN llega apenas un día antes de la discusión en el Pleno del Senado sobre el ‘Plan B’, que en días recientes fue aprobado por las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.
Los senadores acordaron eliminar la polémica cláusula de la «vida eterna» a partidos políticos, que beneficiaba a PT y PVM para garantizar su permanencia en el sistema a través de la transferencia de votos a Morena, aunque el bloque opositor acusó que se dejó viva para discusiones posteriores.
Entre las modificaciones que plantea el ‘Plan B’ de la reforma electoral está el reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparecer juntas estatales y distritales, lo que provocaría el despido de al menos el 80% del personal del organismo.
CON INFORMACIÓN DE GRUPO REFORMA
