- La reforma, impulsada por el Ejecutivo, crea el Certificado Laboral para la Agroexportación y exige sostenibilidad ambiental para frenar la deforestación.
Miguel Velázquez
Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Para combatir la precariedad en el campo mexicano, el Senado de la República aprobó una reforma integral que condiciona la salida de productos agrícolas al mercado internacional al cumplimiento estricto de derechos laborales y estándares de preservación ambiental.
La senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, vicepresidenta de la Mesa Directiva, calificó la medida como un “acto de justicia laboral” para un sector donde, actualmente, el 80% de la base productiva opera en la informalidad.
El eje central de esta modificación legal es la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, documento que funcionará como un requisito obligatorio para todas las empresas que deseen colocar sus productos en el extranjero, subrayó.
“Aprobamos una reforma muy importante impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar los derechos de quienes alimentan al país”, afirmó la legisladora yucateca.
Bajo este nuevo esquema, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la entidad encargada de emitir y vigilar dichas certificaciones.
A partir de ahora, dijo, las empresas deberán acreditar fehacientemente que sus empleados cuentan con Seguridad social (IMSS), prestaciones de ley y condiciones de trabajo dignas, superando las barreras de la estacionalidad de las cosechas.
Camino Farjat aseveró que la reforma no solo impacta el ámbito laboral, sino que modifica la Ley de Comercio Exterior, pues la competitividad de México en los mercados internacionales estará ligada a la responsabilidad ecológica.
Anotó que el objetivo es evitar que la demanda global de alimentos se traduzca en la degradación de ecosistemas, por ello el Estado supervisará que la producción no sea un motor de deforestación, alineando a México con los estándares internacionales de responsabilidad social y ecológica.
Con esta resolución, el Estado mexicano busca garantizar que el éxito comercial de la agroexportación no se construya a costa de la explotación de los trabajadores ni de la destrucción del patrimonio natural.
