-
- “Sobrevivir no es delito: el caso de Karen y el castigo institucional por hablar”
- La ex pareja de la víctima la ha amenazado diciendole que le quitaría a los niños, que no le daría “ni un peso”, que la empresa Caterpillar “lo apoyaba” y que le pagaban “por fuera” para ocultar sus verdaderos ingresos.
Por Redacción
Monterrey, Nuevo León, 5 de julio.- Karen Jaime denunció ante las autoridades del estado que desde hace años ha vivido una relación marcada por la violencia psicológica, económica, sexual y emocional.
KAREN, QUIEN POR AÑOS ERA UNA VÍCTIMA MÁS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ALZO LA VOZ, PIDIÓ JUSTICÍA, REALIZÓ TODOS LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES SOLICITADOS, SE HA SOMETIDO A EXAMENES, HUMILLACIONES Y HA RECIBIDO VIOLENCIA DE GENERO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO, PESE A TENER PRUEBAS, DEL DELITO OCURRIDO.
La mujer quien por años ha sido víctima de todo tipo de humillaciones denunció a su ex pareja de nombre Luis “N” de 43 años y quien actualmente labora en un cargo importante en la empresa Catepillar ubicada en Santa Catarina, Nuevo Léon.
Las agresiones diarias fueron escalando, incluso la mujer dejó de lado deseos de superarse, de conseguir un empleo, de impulsar a su familia, pues el “agresor” paso de humillarla a maltratar piscologicamente también a la hija que ambos procrearon, por lo que tuvo que recibir terapias psicológicas sin que Luis mostrara arrepentimiento de los hechos.
Las carpetas de denuncias ante las autoridades van de tipo psicológicó, económico, sexual y emocional sin que las autoridades hayan podido resguardar su integridad y la de sus hijos.
Karen vive separada de Luis, sin embargo cuando la mujer requirió una cirugía por problemas intestinales. Luis la chantajeo diciendo que el seguro medico era de su trabajo y le exigió que, en retribución, lo dejara volver a vivir en la casa durante su recuperación.
En ese mismo mes Karen recibió una notificación judicial de una demanda de convivencias promovida por Luis, en la cual él afirmaba falsamente que no se le permitía ver a sus hijos. La paradoja es que al momento de recibir dicha notificación, Luis se encontraba dentro del domicilio, conviviendo con los menores pues precisamente habia regresado después de la operación bajo el chantaje emocional referido. Fue ese acto de falsedad tan evidente el que terminó de abrirle los ojos a Karen sobre el nivel de manipulación que enfrentaba. A partir de ahí, decidió salir del círculo de violencia. Sin embargo, esa decisión ha sido castigada por las propias instituciones.
Karen ha levantado la voz, asegurando que no solo ha sido víctima no solo del agresor, sino de un sistema judicial que no actúa con perspectiva de género ni protege sus derechos. El 8 de abril de 2025 estaba programada la audiencia inicial en el proceso penal contra Luis, pero no se celebró porque su defensa pidió más tiempo para prepararse, a pesar de que tenía acceso a la carpeta desde hace meses. Alegaron que realizarían metaperitajes, pero la ley es clara: la audiencia inicial no interrumpe la investigación y sirve para formular imputación al investigado, quien en ese momento puede acogerse a su término constitucional y solicitar duplicidad para reunir pruebas y aportarlas. El juez, sin embargo, ni siquiera permitió la formulación de imputación y pospuso la audiencia para el 9 de julio, favoreciendo injustificadamente a la defensa. Peor aún, el 13 de junio, apenas semanas antes de la nueva fecha, la defensa volvió a pedir nuevos actos, en una clara estrategia dilatoria.
Luis desde agosto de 2024, recibe descuentos vía nómina para la pensión de sus hijos. Sin embargo, Caterpillar no comenzó a cumplir sino hasta octubre y durante esos casi cuatro meses, el juzgado no sancionó a la empresa, limitándose a advertencias sin consecuencias. Sin pasar desapercibido que previó al divorcio Luis ejercia violencia psicológica en contra de Karen, diciendole que le quitaría a los niños, que no le daría “ni un peso”, que la empresa “lo apoyaba” y que le pagaban “por fuera” para ocultar sus verdaderos ingresos.
Respecto a las convivencias supervisadas, el Centro de Convivencia, Karen ha señaladó que los niños han salido con rasguños del centro sin que se haga ningún reporte oficial. Las evaluaciones de la paternidad se basan en una sola hora de reunión, sin considerar quién cuida, alimenta, guía y acompaña a los menores durante el resto de la semana.
En fechas anteriores Karen pidió que se escuchara a su hija, como lo establece el derecho del menor a ser oído. Sin embargo, en audiencia preliminar familiar de fecha 3 de julio, la fiscal del juzgado familiar acusó a Karen de manipular a la menor, sin ofrecer prueba alguna, revictimizándola. La jueza no detuvo esos señalamientos ni protegió a la víctima. Para esa fiscal, permitir que una niña exprese su opinión es sinónimo de manipulación, lo cual viola gravemente los derechos de la infancia. La Fiscal intimidó a Karen para que en frente de su agresor relatara todos los hechos de violación y violencia que vivieron sus hijos y en consecuencia ella; Karen no recibió apoyo psicológico, fue revictimizada por la fiscal y la jueza y no se respetó su dignidad.
Karen contó que su esposo al cuidado de los niños consumió cocaina y marihuana y la Jueza, sin dictamen alguno y sin ser perito en adicciones ni toxicología considera que las personas no pueden consumir ambas drogas
La falta de credibilidad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia, incluso cuando aportan pruebas contundentes, no solo es injusta: es una forma de violencia más. Esto esta pasando en México y Karen solo es una más de todas las mujeres que se encuentran en la misma situación.
