La fiscal Ernestina Godoy Ramos informa que el cateo a bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo reveló simulación de operaciones y nuevas líneas de investigación en el caso de “huachicol fiscal”.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró un avance sustancial en el combate a la delincuencia organizada al asegurar documentación estratégica que expondría el modus operandi de una compleja red dedicada al contrabando de combustible por vía férrea, esquema conocido como “huachicol fiscal”.
Mediante un mensaje, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el aseguramiento se ejecutó tras obtener una orden de cateo otorgada por un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
La diligencia se llevó a cabo en dos bodegas situadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país, con la intervención de ministerios públicos, peritos de la FGR y el resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el inmueble intervenido se hallaron ocultos pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos comerciales que darían cuenta de la simulación de operaciones realizada por la estructura criminal.
Además, se incautó documentación vinculada a otros esquemas delictivos que ya son objeto de indagatoria por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
De acuerdo con la titular de la FGR, los indicios obtenidos fortalecen las investigaciones en torno a las operaciones de comercio exterior de la empresa implicada y vinculan de forma directa a Ernesto “N” junto con otras 24 personas, y de este grupo de señalados, nueve ya han sido aprehendidos por las autoridades federales.
Respecto al estado procesal y los derechos de los implicados, Godoy Ramos enfatizó que la institución a su cargo actúa con estricto apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Aclaró que la FGR no ha sido notificada sobre alguna solicitud de la defensa de Ernesto “N” para modificar la prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria, garantizando que al interior del centro de reclusión se velan sus derechos humanos y sus requerimientos de salud.
La fiscal ratificó el compromiso de la dependencia para desarticular las redes de evasión y contrabando hidrocarburífero en el país, asegurando que los recursos energéticos deben servir al desarrollo nacional y no al enriquecimiento ilícito.
