La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la red criminal de tráfico marítimo de combustible provocó afectaciones por más de 340 millones de pesos y derivó en la detención de 16 personas.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, ofreció detalles sobre la expulsión de Argentina de Fernando “N”, exservidor público señalado de formar parte de una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima, modalidad conocida como “huachicol fiscal”.
Explicó que el expediente tuvo su origen en 2024, cuando la Secretaría de Marina hizo del conocimiento de la FGR las primeras inconsistencias operativas.
Las indagatorias se consolidaron con la detección e interceptación de dos embarcaciones cargadas con hidrocarburos de procedencia ilícita: la primera asegurada en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, con ocho millones de litros a bordo, y un segundo buque interceptado días después en Ensenada, Baja California, con un volumen similar, subrayó.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el modus operandi consistía en simular que los buques tanque transportaban aceites o aditivos para evadir impuestos en puertos como Tampico y Ensenada.
Agregó que con la complicidad de agentes aduanales y funcionarios corruptos que alteraban muestras y pedimentos, el hidrocarburo era descargado y distribuido mediante empresas constituidas legalmente, las cuales comercializaban el producto en estaciones de servicio o lavaban las ganancias ilícitas.
Godoy Ramos aseguró que las diligencias judiciales determinaron la presencia de esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, derivando en la emisión de diversas órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol contra Fernando “N”.
Precisó que tras su detención en Argentina el pasado 23 de abril de 2026 y la posterior solicitud formal de extradición realizada en mayo, las autoridades argentinas resolvieron su expulsión, por lo que agentes federales viajaron para trasladarlo a México e internarlo en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.
Hasta el momento, las acciones coordinadas entre la FGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Cancillería han dejado un saldo de 16 personas detenidas —entre ellas 12 exservidores públicos—, además del aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
La FGR estimó el golpe financiero a la organización criminal en más de 340 millones de pesos y confirmó que mantendrá las investigaciones abiertas para ejecutar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios y enlaces de la red en seis entidades del país.
