Un juez de control ordenó prisión preventiva en el penal del Altiplano tras calificar como suficientes las pruebas de la FGR sobre el ocultamiento deliberado de información del caso de los 43 normalistas.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2026.- Tras una audiencia inicial que se extendió por casi 14 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
La acusación se fundamenta en la hipótesis de que el exservidor público ocultó información de alta relevancia vinculada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante el proceso, los argumentos de los asesores legales del imputado fueron rebatidos por el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
La defensa intentó desacreditar la participación del exmandatario alegando que no se encontraba en el estado de Guerrero durante los acontecimientos; sin embargo, la autoridad judicial desestimó esta postura por considerar que los datos presentados no eran objetivos ni comprobaban dicha afirmación.
El juez de control determinó que los elementos presentados por la representación social eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta etapa solo se requiere acreditar la probabilidad de la comisión del delito, reservando para las fases subsecuentes la aportación de mayores elementos probatorios.
Ante la solidez de las imputaciones, la autoridad consideró que los señalamientos de la FGR resultaban firmes y categóricos.
Como consecuencia de esta resolución, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Ángel “N” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Entre las pruebas acreditadas por la FGR se establece que la orden para ocultar videos clave de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala fue emitida de manera directa, dolosa y deliberada por el entonces mandatario estatal, en complicidad con funcionarios de primer nivel de su administración.
Este resultado responde al modelo de investigación coordinado entre la FGR, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La localización de los jóvenes desaparecidos continúa catalogada como un compromiso ineludible del Estado mexicano con las familias, manteniendo sobre el imputado la presunción de inocencia en tanto no se dicte una sentencia condenatoria en su contra.
