- La caída de líderes criminales fragmentó sus cárteles que se disputan territorios en Tierra Caliente donde cobran a productores por sembrar, regar, cosechar y distribuir
La Familia Michoacana tomó el control de la producción de limón; los agricultores aún podían venderlo fuera de la injerencia del cártel
APATZINGÁN, 29 de agosto.- Agricultores del Valle de Apatzingán pagan cuotas a al menos 22 grupos criminales desde 2012, cuando se fragmentaron los carteles de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y tras la desaparición institucional de las guardias rurales y grupos de autodefensa.
La violencia, la extorsión y el secuestro en la Tierra Caliente michoacana existe desde el año 2000, cuando Los Zetas incursionaron en las regiones de alta producción económica, agraria e industrial en el estado, gracias a las negociaciones con líderes criminales de otros cárteles más fuertes.
En 2006, La Familia Michoacana se presentó en la escena pública cuando dejó a modo de mensaje seis cabezas humanas en una pista de baile de un bar de Uruapan. Fue un aviso para productores, empresarios y comerciantes de que ya no existiría “extorsión ni secuestro” y únicamente se pedirían cuotas voluntarias para protección y seguridad.
En Michoacán, como en otras partes del país, los cárteles vieron una ventana de oportunidad para incrementar sus ingresos por medio de un negocio que no tenía que ver con la fabricación de drogas.
Las huertas y empacadoras de limón comenzaron a crecer a un ritmo acelerado en el estado. Para 2010 se producían 432 mil toneladas al año, cifra que se duplicó en 2022 cuando la producción alcanzó 856 mil 738 toneladas, provenientes principalmente de los municipios de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y parte de Múgica.
La Familia Michoacana tomó el control de la producción, aunque los agricultores aún podían vender su producto a bajo costo en zonas fuera de la injerencia del cártel y dejaban un porcentaje “voluntario” para evitar agresiones.
La ruptura de los líderes de La Familia Michoacana llevó al surgimiento de Los Caballeros Templarios con base de operaciones en la zona de la Tierra Caliente, los productores de limón, papaya, jitomate y cualquier otro fruto tenían que pagar un porcentaje por cada kilo.
En 2011 los productores pagaban 20 centavos por cada kilogramo de limón u hortalizas y realizaban tres días de corte, pero obtenían un castigo monetario o hasta la quema de sus vehículos si no acataban las reglas.
Si algún productor rompía las reglas por segunda ocasión o denunciaba los hechos a las autoridades, entonces pagaba con su vida o la de su familia el desacato.
En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que existía un aumento en el costo del producto de limón debido a una plaga de dragón amarillo, meses después tuvo que aceptar que existía un grave problema de inseguridad cuando se levantaron en armas las autodefensas de Tepalcatepec y Buenavista, principal productor de limón en Michoacán.
Ese mismo año, los productores, cansados de las extorsiones y el control de su trabajo, salieron de sus comunidades para encontrarse con el secretario de gobierno del estado, Jesús Reyna García, en la localidad de Cuatro Caminos en el municipio de Múgica, pero no fueron recibidos ni escuchados y a su regreso fueron masacrados 14 limoneros en un supuesto fuego cruzado.
Para 2014 fue anunciado un Plan Rescate Michoacán con una bolsa de 45 mil millones de pesos, de los cuales Sagarpa aumentaría dos mil 500 millones más y destinó tres mil millones de pesos más en apoyos a los productores afectados por el crimen organizado. Ese mismo año murió Nazario Moreno González, alias El Chayo, fundador de Los Caballeros Templarios, cártel que se fragmentó en decenas de células delictivas que se disputan varias zonas de Michoacán.
Entre 2015 y 2016 se crearon grupos de autodefensa legales que operaron de la mano de las fuerzas federales y el gobierno estatal, pero fueron infiltrados por células delictivas como Los H3 y Los Viagras.
La desaparición de los grupos de autodefensas dio pie al surgimiento de las policías rurales, que posteriormente fueron desmanteladas por el gobierno federal, pero que abrieron el camino a que exautodefensas, exsicarios y jovenes de la zona que obtenían con facilidad armas clandestinas se pusieran al servicio de cárteles más grandes.
Agricultores, productores y procesadores de limón y otros cultivos, tuvieron que aumentar durante esta semana el precio de venta entre 30 y 100 por ciento para pagar las cuotas que los grupos del crimen organizado les han impuesto.
No solo el limón se ha visto afectado con el “impuesto criminal”; otros cultivos como el mango, la papaya y el jitomate se han visto afectados.
Los agricultores de la región tienen que pagar impuesto por todo: porque les dejen sembrar, regar, cortar y distribuir, en un asunto que se ha normalizado en algunos lugares como Nueva Italia y que encarece el precio final con que llega al consumidor, reconocen los productores.
Uno de los productores de la región de Nueva Italia confirmó que, desde hace más de un año, los agricultores de papaya, mango y jitomate pagan al narco el permiso “hasta por regar los cultivos”.
Y explica: “Antes nos cobraban 230 pesos por hectárea, ahora nos cobran 450 por ciclo, es decir lo doble, y en el caso de la papaya, nada más por avisar que vas a plantar son tres mil pesos por hectárea, en el caso que seas de Nueva Italia, pero si eres de afuera (de otro municipio) tienes que pagarle (a ellos) hasta cinco mil pesos para que te autoricen plantar”.
“Si dices que vas plantar una parcela, por ejemplo de 10 hectáreas son 50 mil pesos; antes eran 400 pesos por hectárea, pero ahora son mil por hectárea para riego por un plazo de seis meses, que es lo que dura la cosecha y también te quitan un peso por cada kilo de papaya, mango o jitomate”, señala el agricultor.
“En Apatzingán van a querer hacer lo mismo, porque ya vieron que es negocio, que la gente se esfuerza y puede; siempre ha sido negocio”, advirtió.
Los limoneros del municipio de Buenavista que han comenzado a trabajar desde el pasado martes señalan que el precio del kilogramo se ha elevado de ocho a 16 pesos a la venta que a su vez provoca que se eleve el precio al doble en el mercado (de 16 a 32 pesos por kilo) hasta que llega al consumidor final.
En la región de Apatzingán y en la capital michoacana del estado el precio del limón ha pasado esta semana de 12 pesos a 30 y hasta 48 pesos.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó en entrevista este jueves que el aumento del precio del limón del tipo mexicano no es por las amenazas del crimen organizado y destacó que el incremento “se debe a la oferta y demanda del producto”.
El mandatario apuntó que el encarecimiento es porque “en este momento no es temporada alta del corte del limón” y que el que se está distribuyendo, sobre todo en el mercado nacional, “es el limón persa que proviene del estado de Veracruz”.
Al cierre de esta edición, la SSP anunció en un comunicado de prensa que había implementado operativos de vigilancia en la zona de Tierra Caliente y como medida de producción para los agricultores y cortadores del Valle de Apatzingán, justo el día en que fue quemado intencionalmente un segundo camión carguero de limón, que no reportó más que daños materiales.
(Con información de El Sol de México)
