Chihuahua, Chih.- A unos días de realizadas las elecciones, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua entregó la administración de los ranchos del exgobernador César Duarte a uno de sus excolaboradores.
Se trata de José Carlos Loya, quien durante el sexenio duartista tenía a su cargo el manejo del ganado en las propiedades del exmandatario.
La semana pasada, la dependencia finiquitó el contrato que tenía con el anterior interventor, Jorge Contreras Villarreal, bajo el argumento de que ya no tenían presupuesto para pagarle. Esta mañana entregó la maquinaria y equipo con que operaba en las propiedades.
Contreras permaneció en el cargo desde el 13 de febrero del año pasado, cuando fue nombrado por el entonces administrador de general de la FGE, Eduardo Fernández, quien ahora funge como secretario de Salud en el gobierno de Javier Corral.
Los ranchos que se ubican en los municipios de Camargo, López, Matamoros, Balleza y Valle de Zaragoza, fueron asegurados por la FGE como parte de las investigaciones de la denominada operación Justicia para Chihuahua, los cuales en su conjunto tienen un valor en el mercado, cercano a los 11 millones de dólares.
De acuerdo con información de personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, durante la anterior administración Loya fue enviado al rancho El Saucito, de Camargo, por quien era el jefe del área de Ganadería, Eloy Soto Payán, para realizar diversas actividades en las propiedades de Duarte.
El uso de recursos públicos para solventar la operatividad de los ranchos del exgobernador, forma parte de las investigaciones que lleva la FGE, que han arrojado que destinaba mensualmente hasta 4 millones de pesos, para pago de algunos de los trabajadores y la manutención de ganado y huertas nogaleras.
La información de la instancia detalla que solo la huerta hidropónica que tiene en el rancho del municipio de Matamoros, tiene un costo operacional mensual de 1 millón de pesos.
Además, tenía en dichos lugares ranchos vehículos y equipo, propiedad del gobierno del Estado.
César Duarte fue detenido con fines de extradición el 8 de julio del año pasado en la ciudad de Miami, Florida, acusado por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de su propiedad empresas y de personas allegadas.
Actualmente, el exmandatario se encuentra preso a la espera de que una juez gire la orden para extraditarlo a México y pueda ser presentado en los juzgados del Estado de Chihuahua, donde tiene pendientes de ejecutar otras 20 órdenes de aprehensión, por delitos relacionados con actos de corrupción.
