- La orden solicitada por los agentes del Ministerio Público del procedimiento penal acusatorio y oral de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, está relacionada con la carpeta procesal 332/2023, sin que se especifique los delitos por los que es requerido por la autoridad.
Por Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Un Juez de Control otorgó al Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, una orden de aprehensión en contra de Raúl “R”, titular de la misma dependencia.
A través de un oficio dirigido al Comisario General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, se remitió la citada orden de aprehensión, girada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de la Primera Región en el Estado, con fecha de hoy miércoles 18 de octubre en contra del funcionario.
“En la inteligencia, de que, al momento de ser ejecutada la presente orden de aprehensión, deberá entregarse copia de la misma al imputado, debiendo respetarse y garantizarse sus derechos constitucionales y legales”.
La orden solicitada por los agentes del Ministerio Público del procedimiento penal acusatorio y oral de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, está relacionada con la carpeta procesal 332/2023, sin que se especifique los delitos por los que es requerido por la autoridad.
Apenas este lunes 16 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó restituir a Raúl Ramírez Castañeda como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Esto, luego de resolver un recurso de queja interpuesto por Ramírez Castañeda, en el que también alega acoso labora, luego que el 22 de septiembre, la diputación permanente, aprobó su separación temporal del cargo de Fiscal Anticorrupción, con base en los artículos 21 y 123 fracción XIII de la Constitución Política de México, designaron a Jesus Govea como encargado del despacho.
Ramírez Castañeda fue nombrado Fiscal Anticorrupción el 9 de septiembre del 2021, sin embargo, el 26 de octubre del 2022 a través de un oficio enviado por el Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica al Congreso del Estado, se dio a conocer que el funcionario estatal no acreditó los exámenes que le obligan como titular del cargo.
El funcionario ha tramitado varios amparos para no ser removido del cargo, los que le han sido conferidos para que se le devuelvan las escoltas, así como su salario y demás prestaciones a que tiene derecho como titular de la dependencia.
En su demanda, el Fiscal Anticorrupción refierió que era objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
El Fiscal Anticorrupción enfrenta dos denuncias penales, la primera presentada el 16 de mayo por Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), quien acusó uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, coalición de servidores públicos y abandono de funciones públicas.
Señaló que apenas días antes de la entrega de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Secretaría de Finanzas, el 16 de enero, fueron sustraídos más de 70 bienes muebles, entre como mobiliario de oficina, equipo de cómputo, electrónicos, ploters, muebles, salas de juntas entre otros, y que fueron trasladados a la Fiscalía Anticorrupción.
Además que archivos y la información contenida de los equipos de cómputo fue eliminadas.
La segunda denuncia fue interpuesta el 7 de agosto pasado, ahora por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público, cuando estuvo al frente de la UIFE.
Se le señala de entregar beneficios económicos a familiares, otorgando indebidamente nombramientos a personas sin contar con la preparación académica requerida.
Se le señala de otorgar cargos a su hijo, como secretario particular, su ex cuñado como auxiliar jurídico, y a otra persona que formaba parte de su despacho particular en Nuevo León, por lo que se erogaron un millón 948 mil 932 pesos, sin que se demostrara que acudían a laborar en la dependencia.
