Chihuahua, Chih.- Al cumplirse un año de la detención, en Miami, Florida del exgobernador César Duarte, el juzgado octavo de distrito le otorgó la suspensión definitiva de las acciones emprendidas del juzgado octavo civil, por audiencias especializadas en extinción de dominio, que pretendían quitar algunas propiedades al exmandatario estatal.
Juan Carlos Mendoza Luján, abogado defensor de Duarte, dio a conocer en un comunicado, que esta acción violaba todas las garantías mínimas constitucionales a las que todo ciudadano tiene derecho.
Añadió que la privación de la libertad de su defendido, no obedece a ningún acto ejecutado por el gobierno estatal, ni a ningún acto de autoridad de alguno de los poderes del Estado Mexicano y que tampoco es mérito del Gobierno del Estado de Chihuahua.
“Simple y llanamente, la referida detención corresponde a una solicitud del Estado Mexicano realizada por la vía Diplomática al gobierno Estadounidense, sin que haya existido intervención directa por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua”.
Por lo tanto, aclaró que Duarte no ha sido capturado y no se encuentra “detrás de ninguna reja”, sino que se encuentra en un centro de detención provisional, sin rejas de por medio, a la espera de que la Autoridad Judicial Norteamericana valore las circunstancias jurídicas bajo las cuales el Gobierno de Chihuahua lo ha requerido, conforme al derecho interno y el derecho internacional.
En el documento, subrayó que a casi cinco años del ejercicio administrativo y judicial emprendido por la Secretaría de la Función Pública estatal, entidad especializada de la vigilancia y sanción del actuar de los servidores públicos, no ha podido, ni podrá acreditar el actuar ilegal de César Duarte.
Criticó que la fijación personal manifiesta, en un odio o animadversión personal sin escrúpulos por quien encabezó el aparato estatal los últimos cinco años, no produjo resultado de impartición de justicia alguno.
Por el contrario, sembró solo en el colectivo social un odio que, advirtió, traerá consecuencias jurídicas de tipo civil, penal y administrativo en todos los funcionarios que se prestaron a dicha “vendetta” personal encarnizada, que no produjo beneficio alguno para la sociedad.
Mendoza Luján rechazó además la supuesta recuperación de 700 millones para el pueblo de Chihuahua y que así como los procedimientos administrativos no mostraron culpabilidad alguna, el procedimiento de extinción de dominio de bienes es imposible de concretarse, por tratarse de bienes adquiridos antes de que ocupara el cargo de gobernador de Chihuahua.
“Las violaciones al Debido Proceso mostrarán que la animadversión personal del ahora titular del Ejecutivo sólo fue un gran odio o animadversión contra el Lic. César Duarte, que solo trajo odio y división a la sociedad chihuahuense y perversión a las instituciones encargadas de conservar el Estado de Derecho como base de la armonía social”.
“El odio personal en contra del Lic. Duarte, lejos de acreditarle al pueblo de Chihuahua la certeza de que las instituciones del Estado actúan en su favor y su beneficio en aras de alcanzar el bien común, lo cierto es que únicamente ha generado más cuestionamientos en cuanto a su funcionamiento y propósito, alejándose del fin para el cual fueron creadas”, dicta el escrito enviado a los medios de comunicación.
Dijo confiar en que el Estado de Derecho, lesionado en este momento por intereses ajenos a la Justicia y cuyo poder ha sido utilizado al servicio de intereses personales, tendrá eco en la Justicia Federal como órgano rector de la constitucionalidad del actuar de las instituciones.
