La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigación por el posible desvío y desaparición de casi 600 millones de pesos en el Instituto de Seguridad y Solidaridad Social de los Trabajadores (ISSSTE), ocurrida en 2017 mediante el mecanismo de “La Estafa Maestra”.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, abrió la carpeta a partir de una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el 19 de marzo, en contra de los funcionarios que resulten responsables durante la gestión del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas.
La administración del ISSSTE no pudo acreditar el destino legal, ni la devolución de 594 millones 749 mil 439 pesos.
Los encontraron que el propio ISSSTE y otras dependencias, contrataron directamente el servicio de las tiendas SuperISSSTE para entregar diversos bienes, aprovechando que la ley permite no hacer licitaciones cuando se firman convenios con entidades públicas, como es el organismo que maneja las tiendas de dicho instituto.
El informe de resultados de la auditoría financiera 260-DS correspondiente a la cuenta pública 2017, que dio pie a la presente denuncia, concluyó que ISSSTE y SuperISSSTE no cumplieron en todo el año con las disposiciones legales para temas de contratación y adjudicación de servicios.
Tanto el ISSSTE como otras dependencias, incluida la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y COFEPRIS, utilizaron como “intermediario” al SuperISSSTE para la adjudicación de contratos por bienes y servicios que eran totalmente ajenos a su función, y que no podría realizar pues no contaba con la capacidad técnica, material ni humana para ello.
En consecuencia, los recursos fueron canalizados en su totalidad a una serie de empresas privadas subcontratadas directamente por el referido organismo lo cual, de por sí, ya era ilegal.
La situación es aún más grave. Al revisar diversos contratos y servicios adjudicados los auditores encontraron desde sobreprecios hasta posibles simulaciones de lo que se había contratado.
Por ejemplo, en uno de los contratos firmados con la empresa Summit – AM, S. de R.L. de C.V. por 53 millones de pesos, los auditores encontraron que no hay prueba alguna de la existencia de los más de 4 mil bienes que tendrían que haberse entregado al ISSSTE.
En general, los auditores concluyeron no hay constancia de que hayan ingresado a los almacenes o se hayan distribuido a sus diversas unidades y hospitales bienes por más de 460 millones de pesos.
“Hay además un saldo reportado en una de las cuentas por 129 millones de pesos que no es real ni confiable, ya que presenta deficiencias como registros erróneos, falta de documentación soporte para gestionar su cobro”, indica el informe de la ASF.
Los productos y servicios que dependencias como COFEPRIS contrataron directamente con SuperISSSTE fueron pagados, además, por precios superiores a los del mercado, lo que también representa un perjuicio para las finanzas de las instituciones contratantes.
CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO
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