***El exmandatario tramitó un crédito de un automóvil valuado en 600 mil pesos ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores de Gobierno del Estado, cuando él fungía como patrón, por lo que la dependencia lo denunció por presunto abuso de funciones
Por: Verónica Bacaz
Este día, un juez especializado de control decretó procedente la queja presentada por la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores de Gobierno del Estado (ICTGEM) Fabiola Urióstegui en la carpeta de investigación FECC/149/2018-12, tras resolver que la resolución de fecha uno de marzo de la presente anualidad, emitida por el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de “no ejercicio de la acción penal” a favor del Exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna por el presunto ejercicio abusivo de funciones.
Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción determinó que “no había delito que perseguir”, toda vez que Graco Ramírez solicitó un crédito ante el ICTGEM, para un automóvil que rebasaba los 600 mil pesos, empréstito en el que firmó como su aval solidario, el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, quien antes de que terminara la gestión del perredista, logró obtener una ‘pensión dorada’.
Pero, una vez que la Fiscalía Anticorrupción determinó la no acción penal, omitió presentarla ante el juez, sin todos los requisitos que marca la ley, específicamente en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la “previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad”, es decir, el fiscal titular, Juan Salazar Núñez o el vicefiscal.
Pues, dicho documento del “no ejercicio de la acción penal” únicamente traía plasmada la firma del agente del Ministerio Público y no del superior jerárquico (Salazar Núñez), motivo para que el juez de control Ramón Villanueva revocara el acuerdo (que resolvió a favor de Graco Ramírez) y ordenara a la fiscalía realizar un nuevo acuerdo con las rúbricas necesarias.
En dicha audiencia, el juez brindó 30 días para que la Fiscalía Anticorrupción envíe de nuevo el acuerdo y se notifique a la parte acusadora, es decir, al ICTGEM, que al principio de la actual administración gubernamental, reveló que el gobernador había actuado como empleado, cuando su función era de patrón.
Y, además el alto costo de la unidad impedía que dos trabajadores del gobierno, pudieran tener acceso a un crédito de vehículo nuevo, que es parte de las prestaciones a las que tienen derecho los empleados al trabajar para el Ejecutivo estatal y para el que hacen aportaciones que son descontadas de sus salarios.
Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción tiene más de 40 denuncias en contra del exgobernador y sus funcionarios, por diversos delitos, entre los que resaltan los desvíos de recursos, sin embargo ninguna de estas querellas se han podido judicializar.
El propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo ha denunciado de manera reiterada que desde esta fiscalía, se ha intentado proteger al exmandatario, ya que el actual fiscal fungió como consejero jurídico en la administración del perredista.
