Ciudad Juárez, Chihuahua.- Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso anoche acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por la muerte de 40 migrantes durante un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, en las instalaciones de la dependencia, en esta localidad.
Pese a la falta en que habría incurrido el funcionario, el juez federal de Control, Víctor Manlio Hernández, determinó que el inculpado puede continuar en el cargo y le impuso como medida cautelar acudir a firmar cada 15 días a los juzgados, pues llevará el proceso en total libertad.
Además decretó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, que forma parte de la causa penal 237/23.
En caso de ser encontrado culpable del delito, Garduño podría recibir una sentencia que va de los dos, a los siete años de prisión y sería obligado a pagar una cuantiosa multa económica.
Durante la audiencia, el juzgador consideró que el ministerio público, en representación de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó las pruebas suficientes para sospechar que Garduño incumplió con las funciones que tiene al frente de la instancia.
Agregó que Garduño, cuenta con las atribuciones para supervisar al personal que tiene responsabilidades en las direcciones que están bajo su mando, por lo que su función, era verificar el cumplimiento de estas en la estancia que se incendió.
El juez destacó que aunque la dependencia tiene la facultad para priver de la libertad a las personas que ingresan ilegalmente al país, también debe garantizar su protección y estado de salud, cosa que no ocurrió en este caso.
Durante la audiencia celebrada este domingo, la cual tuvo una duración de más de 10 horas, Garduño se reservó su derecho a declarar.
Otros funcionarios del INM que también fueron vinculados a proceso son Salvador González Guerrero, delegado estatal en Chihuahua; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; Eduardo Apodaca Magallanes, exjefe de Recursos Materiales y Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria.
También son procesados por el mismo caso Daniel Goray, titular de la representación local Noreste; Rodolfo Collazo y Gloria Liliana Ramos, quienes estaban como responsables de la estación provisional al momento del percance.
