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Denuncias de presuntas irregularidades en dictámenes psicológicos, redes de influencia y decisiones sobre custodias colocan bajo cuestionamiento al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Ciudad de México
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La falta de transparencia y de mecanismos independientes de revisión amenaza con convertir los instrumentos de protección de la infancia en herramientas de disputa judicial
SUBIDA POR: REDACCIÓN / @CorresponsalsMX
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.— En la capital del país, el futuro de niñas y niños puede depender de un informe psicológico cuya metodología, rigor técnico e imparcialidad no siempre están sujetos a un escrutinio público verificable.
En medio de disputas por custodia, convivencia familiar y denuncias por violencia, una creciente crisis de confianza pone bajo escrutinio al Poder Judicial de la Ciudad de México, encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCDMX), y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida por Bertha María Alcalde Luján.
Las denuncias sobre irregularidades, manipulación de resultados y falta de auditorías independientes en los dictámenes psicológicos utilizados en procedimientos judiciales exhiben fallas estructurales en ambas instituciones y abren cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus actuaciones, la transparencia de sus procedimientos y, principalmente, su capacidad para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Desde hace al menos cinco años, de acuerdo con los testimonios y señalamientos referidos por familias involucradas en controversias judiciales, se han denunciado evaluaciones psicológicas realizadas en tiempos presuntamente insuficientes, conclusiones que no corresponderían con lo observado durante las entrevistas y dictámenes utilizados para justificar restricciones de convivencia o modificaciones en las custodias.
Tampoco se han aportado registros públicos que permitan establecer cuántos de estos informes han sido sometidos a auditorías técnicas independientes, cuántas impugnaciones han prosperado o qué consecuencias administrativas han enfrentado los especialistas cuando se han acreditado irregularidades.
Los cuestionamientos adquieren una dimensión todavía más delicada ante señalamientos sobre la posible existencia de una red de influencias que involucraría a operadores judiciales, funcionarios ministeriales, especialistas en psicología y litigantes particulares.
Las acusaciones describen un supuesto mecanismo mediante el cual denuncias por violencia familiar, solicitudes de medidas cautelares, evaluaciones psicológicas y resoluciones judiciales podrían utilizarse para generar ventajas procesales en controversias relacionadas con custodias, convivencias y pensiones alimenticias.
Entre los nombres que aparecen en las denuncias sobre una presunta red de corrupción judicial en la Fiscalía de la Ciudad de México destaca el de la abogada Ana Katiria Suárez Castro, a quien las víctimas acusan de supuestamente operar un esquema de extorsión, fabricación de denuncias y tráfico de influencias para favorecer intereses particulares en disputas familiares.
Pese a la gravedad de los señalamientos y a su salida de México en diciembre de 2024, la litigante continuaría representando casos desde España, situación que, según los denunciantes, evidencia la persistencia de su actividad profesional y alimenta las sospechas sobre la posible continuidad de las prácticas irregulares que le atribuyen.
Las víctimas también cuestionan la actuación de la Fiscalía capitalina ante la presunta ausencia de una solicitud de ficha roja de Interpol y exigen esclarecer si existen vínculos de protección institucional que permitan la continuidad de las conductas denunciadas.
El problema institucional que revelan estos cuestionamientos es suficientemente grave: cuando una evaluación psicológica puede influir de manera decisiva en una resolución judicial, cualquier sospecha de manipulación exige mecanismos efectivos de verificación y rendición de cuentas.
Dictámenes psicológicos: ¿herramientas científicas o instrumentos de presión judicial?
Uno de los puntos más sensibles de las denuncias se concentra en las áreas responsables de realizar evaluaciones psicológicas a niñas, niños, adolescentes y sus progenitores.
En los señalamientos aparecen los nombres de Mariana Ortiz Castañares, Alin Liliana Miranda Hernández e Itzel Hiji Bernal de Anda, a quienes se atribuyen responsabilidades relacionadas con procesos de evaluación psicológica y convivencia familiar.
Precisamente por ello, una revisión institucional independiente resulta indispensable para determinar si los procedimientos aplicados cumplen con estándares profesionales, científicos y de protección de derechos humanos.
Una evaluación psicológica destinada a orientar decisiones sobre custodia no puede reducirse a entrevistas apresuradas, observaciones aisladas o interpretaciones subjetivas carentes de sustento metodológico.
Debe contar con procedimientos técnicamente justificados, personal especializado, registros adecuados y conclusiones que puedan ser examinadas y controvertidas por las partes.
México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten.
Su artículo 12 reconoce, además, el derecho de niñas y niños a expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernen y a que esta sea debidamente tomada en cuenta, conforme a su edad y madurez.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios y herramientas para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que exigen valorar las pruebas considerando las particularidades de cada caso, evitar prejuicios y garantizar una participación adecuada de las personas menores de edad.
Estos estándares obligan a las autoridades a actuar con especial diligencia cuando se encuentran en juego vínculos familiares, condiciones de convivencia y posibles situaciones de violencia.
No basta con integrar un dictamen psicológico al expediente. Las autoridades judiciales deben examinar su pertinencia, consistencia y alcance, así como contrastarlo con otros elementos probatorios.
Tampoco basta con afirmar que se protege el interés superior de la niñez si no se garantiza una escucha adecuada, libre de presiones y realizada por personal capacitado.
El derecho a ser escuchados no constituye una formalidad procesal. Es una garantía fundamental que debe orientar las decisiones que afectan su vida.
Urgen auditorías independientes y responsabilidades claras
Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en evaluaciones psicológicas y posibles redes de influencia judicial exigen una respuesta institucional que vaya más allá de negar acusaciones o defender la actuación de sus funcionarios.
Es necesario establecer mecanismos transparentes de supervisión técnica, auditorías independientes de los procedimientos de evaluación, revisión de quejas y publicación de información estadística que permita identificar posibles patrones de irregularidad.
También resulta indispensable garantizar que las personas afectadas cuenten con mecanismos efectivos para controvertir dictámenes deficientes y solicitar nuevas valoraciones cuando existan razones técnicas o jurídicas que lo justifiquen.
La transparencia debe respetar en todo momento la confidencialidad de los expedientes familiares y la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes.
En caso de acreditarse actos de corrupción, manipulación pericial o interferencia indebida en procedimientos judiciales, las autoridades competentes deberán determinar las responsabilidades correspondientes, sin excepciones ni privilegios.
La Ciudad de México se presenta como una entidad comprometida con la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, ese compromiso debe demostrarse precisamente en los espacios donde las personas enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
El Poder Judicial y la Fiscalía capitalina tienen ante sí la exigencia legítima de transparentar sus controles, investigar los señalamientos y demostrar que sus decisiones responden al interés superior de la infancia.
