Durante la inauguración del Coloquio Internacional sobre la materia, expertos nacionales e internacionales destacaron que el reconocimiento legal del derecho al agua no garantiza una mayor disponibilidad, subrayando la complejidad del manejo de acuíferos transfronterizos con Belice, Guatemala y Estados Unidos.
Por: Miguel A. Velázquez
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2026.- Aunque la legislación nacional consagra el acceso al agua y su saneamiento como un derecho fundamental para uso personal y doméstico, dicha prerrogativa jurídica no implica una mayor disponibilidad del recurso en el país, advirtió María del Carmen Carmona Lara, coordinadora del Área de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La especialista señaló que la gestión hídrica en México adquiere particular complejidad debido a que las leyes consideran al recurso como parte de los bienes nacionales, un esquema diferenciado respecto a las estructuras normativas de las naciones vecinas del norte y del sur.
Al inaugurar el Coloquio Internacional “Gobernanza del Agua Subterránea en las Fronteras de México”, Carmona Lara puntualizó que Belice opera bajo dinámicas distintas de apropiación y aprovechamiento, mientras que Guatemala contempla en su marco constitucional el concepto de “cuencas soberanas”, lo que exige esquemas de compensación en los acuerdos binacionales.
Además, subrayó que el agua subterránea, al revestir un carácter “invisible”, demanda una atención jurídica prioritaria.
En el evento —organizado de manera conjunta por el IIJ, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la Red del Agua de la UNAM, la Cámara de Diputados, el Congreso de Baja California, la Embajada de Pakistán en México y la Fundación Mundial Ética de México— participaron legisladoras, académicos de El Colef y El Ecosur, así como representantes diplomáticos.
Por su parte, la diputada federal Ana Erika Santana González recalcó que para las urbes fronterizas el abastecimiento hídrico es un asunto crítico, toda vez que el recurso natural ignora los límites políticos y suele darse por sentado sin conocer su procedencia ni los mecanismos idóneos para su gestión.
En este sentido, enfatizó la necesidad de conciliar los requerimientos de las ciudades, el sector agrícola y la industria, garantizando al mismo tiempo la preservación ambiental de ríos y playas.
En representación de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites de Agua entre México y Estados Unidos, el director de Ingeniería, Luis Antonio Rascón Mendoza, destacó la vigencia de los tratados bilaterales que regulan el manejo de aguas superficiales y subterráneas en las cuencas de los ríos Bravo y Colorado, así como la infraestructura y la resolución de controversias fronterizas.
Durante la conferencia magistral “Agua transfronteriza en Brasil: impases y cooperación”, Wagner Costa Ribeiro, catedrático de la Universidad de São Paulo (USP) y líder de la Red de Investigación en Geografía del Agua en su país, expuso que a escala global existen 286 cuencas y 592 acuíferos transfronterizos que vinculan a 153 naciones, evidenciando que el agua posee dimensiones naturales, culturales, económicas y políticas.
El especialista advirtió que, pese a la abundancia global del recurso, la concentración poblacional genera un acceso desigual y propicia disputas territoriales, recordando que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima en dos mil millones la cifra de personas carentes de acceso al agua.
Ante este panorama, concluyó que los Estados nacionales enfrentan limitaciones severas para resolver problemáticas socioambientales, destacando experiencias de gobernanza en el Acuífero Guaraní y la Cuenca del Amazonas para armonizar las legislaciones locales con el derecho internacional.
