La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual exige a los aspirantes a cargos ejecutivos renunciar a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de septiembre de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel, aprobó con 26 votos a favor y cinco en contra el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que las personas que aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad, obligando a quienes la posean a renunciar a ella previo a su registro como candidatos.
La medida aprobada estipula que la contravención a esta norma incluirá prohibiciones explícitas como el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por gobiernos extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países y el acogerse a protección diplomática exterior. De acuerdo con los artículos transitorios del documento, las adecuaciones normativas entrarán en vigor para el proceso electoral correspondiente al año 2028 y no afectarán a las autoridades que se encuentren actualmente en el ejercicio de dichos cargos.
Durante el debate legislativo, la oposición manifestó un rechazo tajante al proyecto, donde representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional señalaron que la propuesta impone una restricción injustificada a los derechos políticos de las personas binacionales y limita el reconocimiento a las comunidades migrantes.
Además, denunciaron la falta de parlamentos abiertos y consultas ciudadanas para evaluar el impacto de la medida en la población radicada en el extranjero.
Por su parte, las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México defendieron la constitucionalidad de la iniciativa, argumentando que no pretende discriminar a los ciudadanos con múltiple nacionalidad, sino garantizar un principio de lealtad absoluta y soberanía nacional para quienes busquen encabezar la administración pública y la seguridad del Estado.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su discusión y votación general ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
