- Buscan frenar el despojo y la violencia patrimonial contra adultos mayores
Por Arturo Guadarrama
Toluca, Estado de México, 12 de noviembre.- Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las personas adultas mayores, la diputada de Morena, Itzel Daniela Ballesteros Lule, presentó ante la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil estatal.
La propuesta busca prevenir situaciones de abuso económico, despojo patrimonial, manipulación y aprovechamiento indebido dentro del entorno familiar, prácticas que afectan a miles de personas adultas mayores en el país.
La reforma busca proteger viviendas, ahorros y bienes
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora destacó que la protección de las personas adultas mayores debe ir más allá de los programas asistenciales y garantizar también la defensa de su patrimonio.
La propuesta busca asegurar que puedan conservar y administrar libremente:
- Viviendas.
- Ahorros.
- Pensiones.
- Propiedades.
- Bienes patrimoniales.
Asimismo, plantea que las decisiones relacionadas con sus bienes sean tomadas de manera libre e informada, sin presiones ni condicionamientos por parte de familiares o personas cercanas.
Plantean ampliar el concepto de violencia patrimonial
Uno de los puntos principales de la iniciativa consiste en reformar la definición de violencia patrimonial para incluir conductas en las que una persona aproveche vínculos de parentesco, confianza o cuidado para obtener beneficios económicos indebidos.
La propuesta busca reconocer como violencia patrimonial aquellas acciones que induzcan a una persona adulta mayor a realizar actos de administración, transmisión o disposición de bienes que afecten sus intereses.
Contratos abusivos podrían ser anulados
La iniciativa también contempla mayores herramientas legales para enfrentar contratos celebrados bajo condiciones de abuso.
En caso de comprobarse que una persona obtuvo beneficios excesivos aprovechándose de una relación de dependencia o confianza, la persona afectada podría solicitar judicialmente:
- La nulidad del contrato.
- La reducción equitativa de obligaciones.
- La revisión de las condiciones pactadas.
Todo ello conforme a las circunstancias particulares de cada caso.
Proponen revocar donaciones por violencia familiar
Otra modificación relevante plantea que la violencia familiar pueda ser reconocida como causa de ingratitud para solicitar la revocación de donaciones.
De esta forma, una persona adulta mayor podría pedir ante la autoridad civil la revocación de bienes donados cuando el beneficiario incurra en:
- Abandono.
- Explotación.
- Despojo.
- Violencia patrimonial.
- Aprovechamiento indebido.
La propuesta establece que para estos casos no sería necesario contar previamente con una sentencia penal condenatoria.
Edad no podrá ser utilizada para presumir incapacidad
La legisladora subrayó que la iniciativa no busca limitar la autonomía de las personas adultas mayores.
Por el contrario, plantea establecer expresamente que la edad, por sí sola, no podrá utilizarse para presumir incapacidad, dependencia o falta de aptitud para administrar su patrimonio.
“Proteger a las personas adultas mayores no significa quitarles la capacidad de decidir, sino garantizar que sus decisiones sean libres, informadas y respetadas”, sostiene la propuesta presentada por la diputada.
Más de 2.3 millones de adultos mayores viven en el Edomex
La iniciativa cobra especial relevancia en una entidad como el Estado de México, donde existen más de 2 millones 390 mil personas adultas mayores, de acuerdo con datos retomados por el Plan de Desarrollo estatal 2023-2029.
La propuesta también se alinea con las estrategias impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, enfocadas en la protección, bienestar y acceso a la justicia para este sector de la población.
Buscan garantizar una vejez libre de violencia
Con esta iniciativa, la diputada de Morena busca fortalecer el marco legal mexiquense para que las personas adultas mayores puedan vivir una vejez con mayor seguridad jurídica, autonomía y protección de sus derechos patrimoniales.
La propuesta plantea que ninguna persona tenga que elegir entre conservar sus vínculos familiares o defender aquello que legítimamente le pertenece.
