El informe presentado por la Segob y la FGR revela cateos a funerarias de Iguala, hallazgos óseos en el SEMEFO, órdenes de aprehensión por uso de teléfonos de las víctimas y la detención del exgobernador de Guerrero por desaparición forzada.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2026.- El Gobierno de México dio a conocer el avance de cuatro nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Estas vertientes derivan de un reanálisis integral de expedientes, documentos y registros telefónicos recopilados a lo largo de 12 años, aplicando metodología técnica y científica para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El informe fue presentado en la conferencia matutina por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán.
La primera línea de investigación se centra en el análisis de comunicaciones, el cual permitió identificar patrones inéditos en 17 nuevos objetivos y reconstruir redes de complicidad entre la organización criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, funcionarios públicos y administradores de servicios funerarios.
Dentro de estos hallazgos, se detectó que una familia investigada poseía funerarias, la concesión del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaba en la gestión de un panteón.
En agosto de 2025 se confirmó que el propietario de la funeraria utilizó el teléfono de uno de los normalistas desaparecidos. Tras efectuar cateos en octubre de 2025 a las instalaciones funerarias y al SEMEFO, las autoridades localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentación, un horno crematorio carente de registro oficial e irregularidades operativas.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se ejecutaron búsquedas en el SEMEFO de Iguala, recuperando 23 indicios que incluyen cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y casquillos, actualmente en proceso de análisis pericial.
A petición de las familias, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) interviene para reforzar los peritajes.
La segunda línea investigativa aborda el seguimiento a la cadena de usuarios posteriores a la desaparición de tres equipos telefónicos pertenecientes a los estudiantes.
Con base en esta información, el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Además, se detectó que otro dispositivo fue empleado por un policía municipal con actividad registrada la noche de los hechos, y el rastreo del tercer teléfono reforzó la hipótesis de que varios normalistas fueron trasladados a la barandilla municipal, al identificarse que los usuarios posteriores eran allegados a un exfuncionario adscrito a esa área, contradiciendo declaraciones previas vertidas ante la extinta PGR.
La tercera línea se fundamenta en un reanálisis documental con el que se identificó a un implicado que contaba con 14 años de edad al momento de los hechos. Tras rendir su declaración el 30 de julio de 2026, aportó elementos que fortalecen las imputaciones formuladas contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea de investigación responde a la ocultación deliberada de las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
El seguimiento de estas omisiones derivó en la detención y procesamiento penal de la exmagistrada presidenta y de la exvisitadora de dicho órgano jurisdiccional.
A partir de sus declaraciones y nuevos elementos probatorios, el 6 de agosto de 2026 se sustentó la detención del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada de personas.
En materia de cooperación internacional, las autoridades confirmaron la construcción de una ruta de trabajo en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), instancia encargada de proponer al grupo de expertos internacionales que dará seguimiento al proceso.
El Gobierno Federal ratificó que la prioridad absoluta de la investigación es localizar a los 43 jóvenes, esclarecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables, asegurando que las madres y padres de las víctimas permanecen al centro de las acciones e instruyendo el seguimiento a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
