La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada asumió el caso tras el aseguramiento de combustible en San José Iturbide cuyo origen y legalidad no han sido acreditados fehacientemente.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República continúa avanzando de manera decisiva en las investigaciones orientadas a esclarecer la probable comisión de ilícitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a la par de diversas infracciones estipuladas en el Código Fiscal de la Federación dentro del estado de Guanajuato.
Las pesquisas ministeriales cobraron mayor fuerza a raíz de una orden de cateo autorizada de manera legal por la autoridad judicial en un predio ubicado en el municipio de San José Iturbide, intervención judicial que se fundamentó en una serie de indicios previos que advertían sobre posibles anomalías operativas y logísticas en el lugar.
Durante la inspección del inmueble, los agentes federales localizaron un cargamento considerable de hidrocarburos repartido entre gasolina regular, gasolina premium y diésel.
Hasta el momento, las empresas presuntamente involucradas en la cadena comercial no han presentado ante el Ministerio Público Federal la documentación idónea que demuestre con claridad y certeza la procedencia legal, el manejo autorizado y el destino final del producto asegurado.
Dada la complejidad técnica del asunto y la red de corporativos relacionados con el hallazgo, la titularidad de la Fiscalía General de la República ordenó formalmente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejercer la facultad de atracción del expediente correspondiente, con el objetivo de centralizar los esfuerzos institucionales y profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
En el marco de estas diligencias de investigación, el personal especializado se encuentra recabando datos integrales sobre las firmas mercantiles asociadas, realizando dictámenes minuciosos de la documentación contable disponible y desahogando entrevistas con directivos y apoderados de la empresa directamente vinculada.
Con estas acciones se busca auditar a fondo la propiedad del predio, la operatividad del sitio y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del combustible intervenido.
Con estas determinaciones, la representación social de la Federación ratificó su compromiso de mantener una persecución firme contra el mercado ilícito de combustibles, el contrabando y la defraudación fiscal en el país, orientando el trabajo ministerial a la salvaguarda del patrimonio público y al fortalecimiento del estado de derecho.
