La Fiscal General Ernestina Godoy confirmó el aseguramiento de diez millones de litros de diésel en Altamira y reveló que los líderes de la trama interferían directamente en designaciones de la Marina y Aduanas para operar el contrabando desde Texas.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer un avance sustancial en el combate al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”, tras desmantelar una compleja red criminal que operaba con la complicidad de servidores públicos, agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2024 por el Almirante Rafael Ojeda Durán ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, lo que permitió ejecutar un golpe inicial decisivo: el aseguramiento de diez millones de litros de diésel a bordo de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
En un mensaje al país, la fiscal general precisó que las indagatorias posteriores revelaron que la embarcación no pertenecía a un actor aislado, sino a una estructura delictiva presuntamente liderada por Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”.
De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el Poder Judicial, los implicados gestionaban y alteraban nombramientos, ascensos y adscripciones de personal estratégico en la Administración Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y diversas aduanas marítimas.
Aseguró que durante un cateo en un inmueble vinculado a Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México, las autoridades aseguraron armamento no registrado, bienes de lujo, listas de aduanas, expedientes de altos mandos navales y documentación clasificada como de seguridad nacional.
Indicó que el modus operandi de la red consistía en el traslado de combustible en buques procedentes de Texas, declarando el cargamento de forma fraudulenta como aceites o aditivos para evadir impuestos.
Godoy Ramos afirmó que para concretar el desembarco, la organización realizaba pagos periódicos a personal coludido, simulaba o manipulaba las inspecciones y muestras de laboratorio, e incluso coordinaba horarios de arribo específicos para desactivar las cámaras de videovigilancia en los recintos portuarios.
Una vez internado en territorio nacional, dijo, el combustible era comercializado mediante tres empresas constituidas formalmente, mientras que una red paralelo de entidades fachada y triangulaciones financieras procedía con el blanqueo de los recursos.
Además, la FGR detectó ramificaciones de esta estructura ilícita con operaciones interconectadas en los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Frente a estos hallazgos, Ernestina Godoy Ramos enfatizó que la responsabilidad penal es estrictamente individual y no desacredita a las instituciones del Estado, destacando la cooperación activa del actual Secretario de Marina, Almirante Raymundo Morales Ángeles, para llevar ante los tribunales a cualquier servidor público o particular que haya utilizado sus funciones para favorecer al crimen organizado.
