Arturo Soto Munguia / El Zancudo
Cuando las cosas van mal, siempre pueden empeorar. Eso deben estar pensando en Morena Sonora después de un segundo debate de candidatos a la gubernatura donde el suyo no solo no cumplió las expectativas, sino que se apoyó en Timo y Bobo, un par de sicarios de alquiler que en lugar de ayudarle lo hicieron ver como alguien que necesita ayuda de ese tipo para golpear a su principal adversario.
Ayer, trascendió la captura en San Luis Potosí, del presunto feminicida de Cecilia Yépiz Reyna, ex funcionaria del ayuntamiento de Nogales, muy cercana al alcalde morenista Jesús Pujol y cuya familia siempre sospechó que su desaparición y posterior asesinato tenía relación con su entorno laboral.
Pues bien, ya se supo que el presunto feminicida es Fernando Hernández León, hijo del regidor de Morena, Mario Hernández Barrera y de la delegada del Bienestar en Nogales, Luz María León Olvera, todos ellos del círculo cercano del alcalde.
Aunque los móviles no han sido revelados, desde la desaparición de la malograda ex funcionaria se hablaba de negocios turbios entre funcionarios del gobierno municipal con grupos empresariales de dudosa reputación que operan en la fronteriza ciudad.
Las declaraciones del imputado seguramente arrojarán luz sobre este horrendo crimen, que sin duda trascenderá el ámbito judicial para insertarse en el político, justo en el contexto de una campaña electoral que Morena ya ve perdida en Nogales.
El presunto tiene antecedentes penales en Estados Unidos por privación ilegal de la libertad y aun así se ostentaba como operador político del alcalde, al que por cierto tras este caso se le cayó la intención de reelegirse.
Pero por si esto fuera poco, anoche el Tribunal Estatal Electoral ordenó a los partidos firmantes del convenio de candidaturas comunes (Morena-PT-PANAL-PVEM) modificar dicho convenio, ya que rebasó el límite de candidatos registrados, permitidos bajo esa modalidad de alianza.
Es decir, esos partidos registraron diez candidatos comunes, cuando la ley prevé que sólo pueden registrarlos en una tercera parte de los distritos, que para el caso de Sonora serían siete.
Hay mucha confusión respecto a este caso, que seguramente se litigará en instancias superiores, pero estamos a 17 días de la elección; es posible que las boletas electorales ya estén impresas y todavía falta ver qué candidatos y candidatas serían obligados a registrarse nuevamente, pero ahora por un solo partido. Y falta ver también qué partidos accederían a bajarse de la contienda, quedando fuera de la cosecha de votos y poniendo en riesgo su registro, en el caso de los partidos más chicos, en este caso el Verde y el PANAL.
El asunto puede resolverse. No es que los aliados se vayan a quedar sin candidatos en esos distritos (que tendrían que decidir este día), pero sin duda va a crispar la relación entre ellos; una relación que no es la mejor en estos momentos.
Hoy seguramente habrá noticias sobre este tema.
Lo cierto es que todo tiene su origen en la suficiencia con que Morena menospreció a sus aliados evitando una coalición y optando por llevarlos como apoyo en la candidatura común a gobernador, pero no en los municipios y tampoco en la mayoría de los distritos locales.
Soberbia, suficiencia, mala asesoría jurídica o vaya usted a saber, pero Morena decidió retar la legislación y rebasó la cuota de candidatos comunes a registrar y ahora está pagando las consecuencias.
Estas no pueden ser buenas noticias para el candidato de Morena a la gubernatura, Alfonso Durazo, que no las trae todas consigo en las últimas semanas y su inseguridad quedó de manifiesto en el segundo debate, cuando todos los sonorense vieron la burda maniobra de utilizar a Timo y Bobo como sicarios y pararrayos.
Una fuente que ve de cerca la campaña de Durazo me hace llegar su apreciación en el sentido de que el candidato siente que todos le han fallado y por eso aquella ventaja de dos a uno que presumía hace un mes, ya solo aparece en encuestas pre-pagadas como la de Rodrigo Santiago, de la empresa Demoscopia, que lo ubica con 57 puntos en las preferencias electorales.
Rodrigo es hijo de César Augusto Santiago, un viejo mapache priista muy cercano a Durazo, y de María de las Heras, una muy reconocida profesional de la demoscopia, que falleció en 2012.
Desde entonces César Augusto, de quien se dice estará hoy por estas tierras, se dedicó junto con su hijo, a terminar con la credibilidad de la otrora confiable empresa encuestadora.
Alfonso, me dice la fuente cuyo texto transcribo, se siente solo: “le han fallado todos. El presidente del partido es una broma de político; los asesores son aprendices de políticos, los diputados y alcaldes son un lastre; el súper delegado vive en el confort de la burocracia; los subdelegados ni se oyen ni se ven por ningún lado. Diputados federales están en la hamaca, los candidatos sin presencia, aportación ni liderazgo; la militancia marginada, resentida o dividida; el delegado nacional le dedica más tiempo a la ‘pedaleada’ que a la campaña; ningún personaje de relevancia nacional en Morena vino a la campaña (el perfil más alto fue el de Abraham Mendieta); no hay operación política eficaz, la coordinadora de campaña es un cero a la izquierda y nunca pudieron tender puentes con medios de comunicación más allá de los que militan en su causa, son muy leales o cobran carísimo pero no son tan efectivos”.
Yo mejor ni agrego nada. Si así piensa alguien que ve de cerca la campaña, no quiero saber lo que se piensa afuera.
II
Hace aproximadamente dos meses, el abogado de los ferrocarrileros jubilados que reclaman el pago de sus pensiones desde hace 12 años se comunicó a este despacho. Estaba feliz porque después de largas y complicadas negociaciones; después de enfrentar sucesivos gobiernos panistas y priistas por fin se les haría justicia.
Desde que el año pasado se plantaron en las vías del ferrocarril en Empalme y otras ciudades, Martín Millanes expresó su beneplácito porque en la campaña de Andrés Manuel López Obrador le plantearon su problema y éste se comprometió a resolverlo.
Pero los años pasaron y las soluciones nunca llegaron. Con engaños y regateos los han traído de la Ceca a la Meca y en ese camino, al menos once de los ex ferrocarrileros han muerto por enfermedades crónico degenerativas que a su edad (todos son adultos mayores) requieren una atención que no tienen, pues carecen de servicios médicos.
Ayer, Millanes se volvió a comunicar para decir que de nuevo les mintieron. El gobierno federal desconoció los acuerdos firmados y pretendió conformar a los demandantes con el 30 por ciento de lo que en justicia les corresponde.
Los veteranos trabajadores del riel no aceptaron. Fueron y se plantaron en las oficinas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (el INADEP), que es otro más de los eufemismos de la llamada Cuarta Transformación.
Ese organismo, que vino a sustituir a la extinta Dirección de Bienes Asegurados, es el encargado de pagar a los trabajadores, pues tuvo a cargo la liquidación de la empresa Ferromex, con todo lo que ello implica. Pero ahora alegan que no hay dinero. Que no tienen con qué responder a los reclamos de justicia de los ex ferrocas.
Pero además, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se niega a requerir a Ferromex para que los incorpore a la nómina de jubilados, como dictan los laudos a favor de los quejosos; al contrario, junto con la empresa se han dedicado a interponer amparos que hasta la fecha han impedido el remate de bienes propiedad de Ferromex, que desde el año pasado se adjudicaron como pago parcial de las jubilaciones retroactivas; esas propiedades ya están en la lista de bienes autorizados para su venta en el Inadep, e incluso algunas ya se vendieron. Pero dinero no hay.
El laudo a favor de los ferrocarrileros data de 2013. Ellos apoyaron la campaña de AMLO en 2018, por la promesa de que por fin se les haría justicia.
Ocho años después han tenido que viajar a la Ciudad de México en una camioneta, cruzando más de la mitad del país para llegar a la sede de la prolongación de la injusticia. Hoy están plantados fuera del Inadep, exigiendo lo que les corresponde, exigiendo que les cumplan en vida.
Como eso no ha sucedido, ya adelantaron que volverán a tomar medidas de presión, entre ellas el plantarse de nuevo sobre los rieles de la vía férrea. Casi, casi les dicen que la justicia laboral no es ahorita su prioridad, que vuelvan luego, que hoy, lo que los trae más entretenidos es lo penal, correteando como andan, al goberladrón Cabeza de Vaca.
Qué triste caso.
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