Chihuahua, Chih.- El exgobernador chihuahuense, César Duarte, recuperó 10 de las propiedades que le fueron aseguradas como parte de un juicio de extinción de dominio que el extinto gobierno de Javier Corral llevaba en su contra.
Dicho acuerdo se concretó el pasado 3 de septiembre, a días de concluir el quinquenio del panista y se hizo a solicitud expresa de Humberto Chávez Meléndez, quien fungía como director de Extinción de Dominio, de la Dirección General Jurídica de la FGE, ante el juez Octavo de Distrito del Estado.
Juan Carlos Mendoza, representante legal del exmandatario estatal, dio a conocer que el exfuncionario estatal hizo la petición por medio de escrito presentado el pasado 2 de septiembre, en el que solicitó el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento.
El abogado dijo que esto da fin al que consideró, era un juicio irracional en contra de los bienes de César Duarte, en el cual los funcionarios de la propia Fiscalía, evitaron por medio de una solicitud al juzgado hacerse responsables de mayores violaciones al debido proceso.
Destacó que con este juicio, el Estado intentó ilegalmente despojar a Duarte de 10 bienes inmuebles, que afirmó, fueron adquiridos como el fruto de su trabajo antes de ser gobernador.
Además del levantamiento de la medida cautelar a Duarte y otros ex funcionarios, el acuerdo también libera de dicha medida cautelar a la señora Bertha Olga Gomez Fong, esposa del exmandatario, en su calidad de imputada y en su relación de sociedad conyugal con su marido.
Roberto Fierro, encargado de la oficina de la FGE, en el gobierno de Maru Campos, confirmó lo anterior, al señalar que la administración estatal recién concluida, se desistió del procedimiento de extinción de dominio sobre bienes asegurados a exfuncionarios, a quienes se siguió causa penal por diversos delitos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
Añadió que la causa penal por enriquecimiento ilícito, fue declinada la competencia en favor de la Federación, bajo el argumento de la relación con los que se investigan en una carpeta federal. Sin embargo, a la fecha no existe acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República aceptando la competencia sobre el caso.
Refirió que el pasado 10 de septiembre, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado, recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento de diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración 2010-2016.
Dicho desistimiento se realizó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre ellos la fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen licito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito.
Además, el máximo tribunal en el país, durante el desarrollo del juicio civil, estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previo al desempeño del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito. En consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.
Con la resolución de la SCJN, se demuestra el mal manejo que se ha realizado dentro de los expedientes antes mencionados, enfatizó Fierro.
La Fiscalía aclara que, al desistirse del aseguramiento, quedan a salvo los derechos, para actuar contra los bienes de los exfuncionarios, asimismo, es importante mencionar que, respecto a las carpetas de investigación en la vía penal, seguirá trabajando para que se cumpla con el debido proceso.
