SUBIDA POR: Redacción
Mérida, Yucatán, a 31 de diciembre de 2024.- Por ignorar lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado, la juez Interina y Suplente, Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz se suma a una irregularidad más cometidas en Yucatán en la impartición de justicia y violación a los derechos humanos en contra del empresario Fernando Barbachano Herrero, en el caso de despojo de su propiedad.
El abogado del caso Mayaland, Gerardo Ostos Rincón Gallardo, destacó que el Tribunal Colegiado del Estado, hace 10 días, resolvió que la Fiscalía General del Estado de Yucatán podía y debía devolver los hoteles al señor Fernando Barbachano, ya que firma Inmobiliaria R4 no tiene ningún derecho sobre los inmuebles, pero a la juez Interina parece no importarle la resolución del Tribunal Federal.
Explicó que Iliana Álvarez argumenta que hasta en tanto no se resuelva la recusación en su contra, promovida en otra carpeta en la que se le acusa de alterar registros judiciales el día del huracán Milton, para favorecer a Rodolfo Rosas Moya, “no puede resolver la restitución de derechos”.
La restitución de derechos, puntualizó, es una cuestión de tramitación urgente, preferente y de orden público, porque su finalidad es reestablecer a la víctima en el estado en que se encontraba la situación antes del delito
“Y si la Fiscalía ya ejerció acción penal por despojo no se explica porque permiten que quienes cometieron ese delito sigan operando los hoteles, a pesar de que la Fiscalía de Quintana Roo ordenó la entrega material hace 15 meses, en cumplimiento a una sentencia de amparo, y el pasado 20 de diciembre un Tribunal Colegiado del Estado sostuvo que R4 no tiene ningún derecho, y que la facultad de ejecutar la orden de desposesión quedaba expedita para la Fiscalía”, subrayó.
Gerardo Ostos puntualizó sobre el argumento de la juez Iliana Álvarez, pues el hecho de que se haya solicitado su remoción en otro expediente no es motivo para suspender la resolución de una tutela de derechos de la víctima.
En el otro expediente, refirió, Iliana Álvarez fue acusada de alterar registros y simular actuaciones judiciales, para encubrir la preclusión del plazo que tenía la Fiscalía General del Estado para acusar y otorgar ventaja indebida a Rodolfo Rosas Moya, la contra parte en este caso.
La juez, recordó, recibió una acusación el 7 de noviembre, ante fechada el 8 de octubre, para favorecer con ello a la fiscalía, sin considerar que ese día impactó el huracán Milton a Yucatán y que, por ende, se encontraban suspendidas las labores judiciales.
El abogado señaló que por instrucciones del Consejo de la Judicatura todos los casos relacionados con Mayaland son resueltos en el circuito judicial de Umán, por Iliana Álvarez, aun cuando la ubicación de los hoteles corresponde en su competencia a Valladolid.
Afirmó que ante las arbitrariedades e ilegalidades cometidas en el caso Mayaland, la juez ya fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se resiste a cumplir con lo que ordena la Ley, dejando en evidencia que prefiere permanecer al servicio de intereses particulares.
“Esta situación parece un juego de ping pong en el que la Fiscalía y el Tribunal se avientan de ida y vuelta la pelotita caliente del tema; y en todo esto, las autoridades estatales permanecen en una sospechosa ausencia, que, a fin de cuentas, se traduce en que los invasores sigan operando impunemente los hoteles”, acentuó.
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