El despliegue en la frontera de Tijuana y San Diego busca inhabilitar aeronaves no tripuladas de uso comercial empleadas por grupos delictivos para facilitar el tráfico ilícito de personas y drogas.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2026.- En el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos de América, autoridades de ambos países pusieron en marcha la operación binacional antidrones “Águila Alta” en la franja fronteriza que divide Tijuana, Baja California, y San Diego, California.
La iniciativa, programada del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026, contempla operaciones concurrentes y reconocimientos simultáneos a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas y agencias de cumplimiento de la ley estadounidenses, operando cada corporación de manera estricta dentro de su respectivo territorio.
El objetivo prioritario de este esfuerzo conjunto es robustecer la seguridad en la frontera común mediante la detección y neutralización de drones comerciales que las organizaciones criminales utilizan para vigilar los desplazamientos de las fuerzas de seguridad durante el tráfico de drogas y migrantes.
Esta acción da continuidad a un esquema operativo similar que se implementó con éxito entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, en marzo de 2026.
La estrategia binacional se estructuró en dos fases operativas, la primera etapa, efectuada del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026, consistió en un ejercicio de coordinación interinstitucional para analizar las dinámicas del uso delictivo de drones, concluyendo con patrullajes terrestres de reconocimiento para definir el perímetro de acción.
La segunda fase, actualmente en desarrollo y vigente hasta el 21 de septiembre, implica el despliegue de personal táctico equipado con dispositivos antidron tanto fijos como móviles en ambos lados de la frontera.
Las dependencias involucradas destacaron que este mecanismo de cooperación en materia de seguridad internacional se efectúa bajo el respeto irrestricto a la soberanía nacional de cada país.
La coordinación bilateral se fundamenta en los principios de responsabilidad compartida, reciprocidad y confianza mutua, orientando las acciones de vigilancia técnica hacia la protección de los intereses del Estado mexicano.
