- Diputados del Congreso, aprobaron un acuerdo para separar del cargo a Raúl Ramírez Castañeda, luego que no acreditó los exámenes de control y confianza a los que lo obliga su cargo.
Por Perla Reséndez
VICTORIA, Tam., 24 de septiembre.- El Congreso de Tamaulipas designó y tomó protesta ayer viernes como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas al abogado Jesús Eduardo Govea Orozco, luego de acordar separar del cargo a Raúl Ramírez Castañeda a quien le iniciaron un proceso para destituirlo definitvamente.
En sesión a puerta cerrada, la diputación permanente del Congreso, aprobó un acuerdo para separar del cargo a Ramírez Castañeda, luego que no acreditó los exámenes de control y confianza a los que lo obliga su cargo.
Con esta medida cautelar, se inicia un procedimiento para que el hoy ex Fiscal, pueda ofrecer en audiencia, las pruebas que considere pertinentes para su defensa y sean consideradas para la resolución final.
En el acuerdo aprobado por unanimidad de los diputados de Morena, en sesión a la que no asistieron los panistas Leticia Sánchez Guillermo y Luis René Cantú Galván, se explica que el Congreso tiene la facultad para actuar, conforme a la Constitución Local, para nombrar al titular de esta dependencia.
Tmabién para vigilar y supervisar que, en el caso de aquellos servidores públicos que le compete nombrar, también le compete vigilar y supervisar que el requisito de permanencia se cumpla.
“La facultad de desahogar los procedimientos de separación a ministerios públicos tamaulipecos que carecen de superior jerárquico por el incumplimiento a un requisito de permanencia simple y sencillamente, no está concedida a ningún ente o funcionario federal del Estado Mexicano”, según prevén los artículos 21 y 123 fracción XIII de la Constitución.
Bajo este argumento, el Congreso del Estado iniciará un procedimiento a Raúl Ramírez Castañeda, luego de haber perdido uno de los requisitos de elegibilidad para mantenerse en el cargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción.
“Lo que el día de hoy vimos, es solo la medida cautelar, que se le impone dentro del citado procedimientos, de tal forma que se solicitó a la Diputación Permanente, separarle provisionalmente del cargo, sin que ello se traduzca en una decisión definitiva que modifique la situación jurídica del ciudadano en mención”, se señaló a través de un comunicado.
Al concluir la sesión, los congresistas acudieron a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción para entregar la notificación del Acuerdo aprobado, sin que se encontrara Ramirez Castañeda en las oficinas.
El Secretario General del Congreso, Juan Lorenzo Ochoa, entregó el oficio con el Acuerdo al Coordinador de la Fiscalía, y luego que las oficinas se encontraban cerradas con llave, dos cerrajeros procedieron a abrirlas.
Ya en las oficinas, el nuevo encargado del despacho, señaló que de inmediato se revisará el estaus de la operatividad de la Fiscalía, “y empezar a conocer el estado que guardan todos y cada uno de los asuntos que se llevan en esta Fiscalía”.
Además de conocer el equipamiento y los bienes muebles con que cuenta la dependencia encargada de investigar actos de corrupción, “lo que se busca es revisar el estatus de la operatividad de esta Fiscalía y actuar en consecuencia, cuando se requiera”.
Jesús Eduardo Govea Orozco dijo que como primera acción se buscará revisar el estado de los asuntos ya judicializados, que se llevan a cabo por parte de la dependencia, para descartar que haya dilación en cada uno de estos asuntos.
UNA FISCALÍA CON RESULTADOS POBRES
Aprobada por el Congreso del Estado en julio de 2017, los resultados hasta hoy de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción son pobres, luego que hasta el 2022 de más de mil denuncias, apenas judicializaron cinco por ciento.
Los datos indican que de 1,062 denuncias, en 71 de ellos la dependencia aseguró que no era de su competencia y fueron devueltas desde el inicio, mientras el resto, es decir 991, llegaron hasta una carpeta de investigación, y de estas, solo 56 han sido judicializadas.
Se destaca también que en este periodo, solo se obtuvieron cinco sentencias condenatorias, tres de ellas por abuso de autoridad de dos policías estatales y un tránsito municipal y dos más por cohecho por parte de dos funcionarios de la Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Mientras que en el informe del segundo año de Raúl Ramírez Castañeda al frente de dicha Fiscalía, informó que del 8 de septiembre 2022 al 31 de agosto de 2023 se recibieron 573 investigaciones, de las que se resolvieron 101 y 472 están en trámite.
De las 565 carpetas de investigación que la dependencia suma, 466 están en trámite y 99 fueron determinadas de las que en 46 se determinó el no ejercicio de la acción, 21 se determinó la incompetencia estatal, en 11 se abstuvieron de investigar, 6 se fueron al archivo temporal, 3 acumuladas y solamente 12 se judicializaron.
En el año que se informa, 217 fueron iniciadas, 192 están en trámite y 25 determinadas, de estas solo 7 fueron judicializadas, de las que en 6 un juez determinó la vinculación a proceso.
En otras tres, se sobresyó el caso, debido a la extinción de la acción penal y hay una en la que el inculpado fue absuelto del delito que se le acusaba y se obtuvieron dos condenas.
